Miguel Urbán, Carlos Sánchez Mato y Manuel Monereo, entre otros, firman un manifiesto de la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda para el nuevo gobierno. El eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, el concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, o el candidato de Unidos Podemos, Manuel Monereo, junto a economistas, escritores y activistas socialistas firman un manifiesto a favor de una auditoría ciudadana de la deuda pública.
La Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda ha impulsado un manifiesto, que cuenta ya con más de 110 firmas de apoyo, en el que defiende la urgencia de realizar una auditoría con participación ciudadana “activa” de la deuda pública para “poder analizar en profundidad estos y otros mecanismos que están cargando sobre la mayoría de la población deudas de origen privado”.
Esta auditoría debería “clarificar qué deudas son admisibles y cuáles son ilegales, ilegítimas, odiosas o insostenibles, para proceder a rechazar su reembolso”. Y es que, según este colectivo, “en la actual dinámica de expropiación a través de las finanzas es necesario sentar las bases de un nuevo paradigma legal, socioeconómico y ecológico, que deje atrás el neoliberalismo y ponga límites al poder de las grandes finanzas”.
Para esta plataforma los partidos han olvidado esta cuestión en la campaña a las elecciones generales del 26 de junio y ni siquiera lo mencionan en sus discursos. De ahí que hayan difundido un manifiesto titulado ‘El nuevo gobierno del Estado español debe auditar la deuda pública con activa participación ciudadana’ que trasladará a las diferentes candidaturas la próxima semana con motivo de la recta final de la campaña.
En este documento, este colectivo recuerda que, según los datos del Banco de España, cuando empezó la crisis en 2008 la deuda pública se situaba en 487.000 millones de euros, mientras que la deuda total de la economía española era de 3,97 billones de euros (aproximadamente 4 veces el PIB español). Asimismo, “la parte pública era el 12% del total de deuda, mientras que la privada (de sociedades financieras, no financieras y hogares), que era de 3,48 billones, suponía el 88% del total”.
“Los datos son muy explícitos”, destaca la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda, que sostiene que “las políticas de austeridad no sirven para reducir la deuda total, ni para relanzar la economía y crear empleo”, sino “para transmitir deuda privada a deuda pública así como reducir los derechos económico y sociales conquistados con duras luchas”. “El aumento la deuda pública”, continúa, “ha sustentado los beneficios de las grandes empresas y bancos del IBEX y les ha permitido que recompongan sus maltrechos balances, muchos de ellos aún en quiebra, reduciendo sus deudas a través de estos mecanismos de transmisión macroeconómicos”.
“La reducción de la deuda de los hogares, se ha llevado a cabo, no con subvenciones a este sector económico, sino todo lo contrario”, defienden los más de 110 firmantes. En concreto y entre otras cosas, esta reducción se ha producido “a través de distintos procesos, entre los cuales están las ejecuciones de hipotecas morosas, que han cancelado deudas a cambio de la expropiación de viviendas por parte de los bancos, y de la no provisión de nuevo crédito, cosa que después de 8 años reduce el saldo total de su deuda, al ir los hogares cumpliendo con los pagos”.
