Tras la salida del líder de la empresa pública en Latinoamérica por su aparición en ‘los papeles de Panamá’, el Ejecutivo madrileño fulmina a otros dos nombres. El Canal de Isabel II, controlado mayoritariamente por la Comunidad de Madrid, ha cesado a María Fernanda Richmond, directora financiera y de desarrollo de negocio, y Fernando de Cevallos Aguarón, director de Recursos del Canal por las «anomalías» detectadas por la compra de la filial brasileña Emissao. Así es como se refieren a estos hechos la actual presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, y el portavoz de su Ejecutivo y actual presidente del Canal, Ángel Garrido.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer, Garrido anunció la celebración de una reunión extraordinaria en la empresa pública de aguas que culminó con cese de estos dos directivos por «pérdida de confianza». Los puestos serán asumidos por personal del Canal.
El portavoz explicó que estos despidos se deben a las conclusiones de una auditoría interna realizada sobre las fechas y plazos de compra de Emissao, una filial brasileña del Canal, así como sobre el importe de la operación y las fórmulas de pago. Con ese escrito, que se debe terminar de redactar, será envidado a la Fiscalía si se detectan indicios de delito por parte de estas personas.
Según ha detallado el también consejero de Justicia, la decisión de compra de Emissao fue tomada por el consejo de administración de Canal Extensia, que es la empresa del Canal para los negocios de Iberoamérica, en en el participaban tanto Richmon como Cevallos. «En el primer informe observamos procedimientos anómalos y por eso no era razonable que dos personas que han tenido parte activa en el consejo como directivos siguieran y por eso hemos tomado esta decisión. No hubo la diligencia debida», ha esgrimido.
Estos hechos, adelantados por El Confidencial, tuvieron lugar en noviembre de 2013, cuando el Ejecutivo presidido entonces por Ignacio González pagó 21,4 millones por esta sociedad, que un año después tenía un valor contable de solo cinco millones, cuatro veces menos, con lo que en principio hubo una pérdida patrimonial de hasta 15 millones de euros, aunque los cálculos dependen ahora de los beneficios generados y las pérdidas de la filial.
La empresa brasileña fue adquirida a través de otra firma instrumental uruguaya, que está participada por otra sociedad radicada en Panamá constituida por un abogado andorrano imputado por ayudar a evadir impuestos a futbolistas de élite, según apunta Europa Press.
La pasada semana Cifuentes admitía “alguna actuación anómala” cuya responsabilidad correspondería, según su versión, a la persona responsable de la actividad del Canal en Latinoamérica, e insistió en exculpar a Ignacio González, último responsable político en la fecha de la compra. Cifuentes apuntó entonces al directivo cesado hace un mes tras conocerse que su nombre aparecía en los llamados ‘papeles de Panamá’: Edmundo Rodríguez Sobrino dirigía tres empresas en Hong Kong gestionadas por el bufete panameño Mossack Fonseca. El Ejecutivo de Cifuentes decretó su cese cuando se negó a dimitir.
