Jueces por la Democracia ve “intencionalidades políticas de la peor especie” en el caso de la jueza de Podemos

La plataforma de jueces progresistas manifiesta su “sorpresa, alarma y preocupación” ante la supuesta grabación del sustituto de Rosell para fabricar pruebas contra su antecesora. La asociación Jueces por la Democracia muestra su inquietud ante la grabación de un empresario canario imputado sobre la reunión con el juez Santiago Alba, sucesor de la jueza Victoria Rosell, exdiputada de Podemos tras el 20D y que dimitió de su apuesto en la Diputación permanente. Según la grabación, aportada por el empresario ante la justicia, el sucesor de la ‘jueza de Podemos’ insinúa que anulará su causa si relata los negocios de Carlos Sosa, la pareja de la exjueza.

“Ante las informaciones difundidas por los medios de comunicación, referidas a la grabación de una conversación supuestamente mantenida entre el magistrado Salvador Alba y un investigado, previa a su declaración judicial, desde Jueces para la Democracia debemos mostrar nuestra sorpresa, alarma y preocupación”, apunta la asociación de jueces.

“Si se acredita la autenticidad de dicha grabación, se habría producido la manipulación de un concreto proceso penal, en unos términos que no tendrían precedentes”, denuncia Jueces por la Democracia en un comunicado, calificando como “inaudito” el que un juez se hubiera reunido con un investigado a fin de preparar “de forma pactada los términos y la forma de una declaración judicial posterior”.

“Las circunstancias que rodean este asunto, resultan cuanto menos anómalas y destilan posibles intencionalidades políticas de la peor especie”. Entre ellas, destacan “el desarrollo de una previa y llamativa investigación por parte de la Fiscalía, declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y la emisión de un inusual informe por parte de este mismo juez”.

“Sería inadmisible que esa declaración hubiera tenido una finalidad ajena al objeto del proceso penal. Y con ella se pretendiera desmerecer la actuación de la anterior magistrada instructora, Victoria Rosell, con la finalidad de perjudicarla en un procedimiento ante el Tribunal Supremo”, apuntan.

Los jueces creen que, en última instancia, la confirmación de los hechos denunciados supondría la existencia de “interferencias políticas partidistas en actuaciones judiciales específicas”. No obstante, valoran positivamente que los órganos competentes del Consejo General del Poder Judicial “hayan iniciado actuaciones para analizar las infracciones disciplinarias que se puedan haber cometido en el caso de que se acredite la autenticidad de las referidas grabaciones”.

“Debemos recordar que la función judicial ha de ejercerse con plena independencia e imparcialidad. Cualquier uso torticero de la jurisdicción supone un intenso deterioro de la credibilidad de nuestro sistema judicial”, recuerda la plataforma, que muestran confianza en los órganos competentes para investigar los hechos “que revisten de una enorme gravedad”. “Nuestro Estado Constitucional se pone a prueba cuando se pueden haber atacado sus principios esenciales, pero siempre dispone de instrumentos para que estos se mantengan”, concluyen.

Según la grabación en manos de eldiario.es y El Español el sustituto de la juez Rosell, el magistrado Salvador Alba, ofreció exonerar a un imputado, el empresario Miguel Ángel Ramírez, a cambio de pruebas contra su antecesora.

En dicha grabación, el magistrado Salvador Alba le plantea al empresario Miguel Ángel Ramírez anular el proceso si relata los negocios de Carlos Sosa, la pareja de la ‘jueza de Podemos’.

El digital que dirige Ignacio Escolar -que califica lo sucedido de “maniobra contra Rosell” y de ‘acusación prefabricada’ contra la entonces diputada de Podemos- precisa que el audio recoge “una reunión previa a esa declaración del imputado, en la que el juez acuerda con Ramírez cuál debe ser el contenido y sentido de su testimonio, con el fin de sostener las acusaciones contra Victoria Rosell y archivar la causa que afecta al empresario, en base a una supuesta nulidad de las actuaciones de la jueza”.

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