La Asociación Judicial Francisco de Vitoria califica los hechos de “gravísimos” y pide que se esclarezcan “cualesquiera que sean las consecuencias”. ¿El magistrado Salvador Alba, el juez que sustituyó a Victoria Rosell, preparó con un imputado una declaración para acusar a la entonces diputada de Podemos? Esa grave acusación es lo que va a investigar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras salir la luz las grabaciones de una reunión entre el magistrado y el empresario Miguel Ángel Ramírez que han provocado una verdadera tormenta judicial.
Por ello, el Poder Judicial investigará las grabaciones realizadas al magistrado Alba, a fin de esclarecer si del contenido de las conversaciones puede desprenderse que el juez ha cometido alguna de las infracciones disciplinarias previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pudiendo deducir testimonio si los hechos tuvieran relevancia pena, ya que de ser así el CGPJ lo pondría en manos de la Fiscalía.
Las motivaciones y la conducta del juez Alba tienen mucha relevancia ya que su informe fue en el que se basó el Tribunal Supremo para aceptar abrir una causa contra Victoria Rosell por los supuestos delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso, admitiendo a trámite la denuncia que contra Rosell había presentado el entonces ministro José Manuel Soria.
En la conversación supuestamente grabada, el juez parece acordar con Ramírez cuál debe ser el contenido y sentido de su testimonio, con el fin de sostener las acusaciones contra Victoria Rosell y a cambio, aparentemente, archivar la causa que afecta al empresario, en base a una supuesta nulidad de las actuaciones de la jueza.
Ahora, el Promotor de la Acción Disciplinaria en el órgano de gobierno de los jueces incorporará las grabaciones a las diligencias informativas recientemente incoadas a raíz de una denuncia de la juez Victoria Rosell contra el magistrado Alba por estos mismos hechos.
El promotor, el magistrado Antonio Fonseca-Herrero, estudiará las grabaciones y determinará si, del contenido de esa conversación, se desprende la comisión por parte de Alba de alguna de las infracciones disciplinarias previstas en los artículos 417 a 419 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pudiendo deducir testimonio si los hechos tuvieran relevancia penal, ha informado el CGPJ en una nota de la que informó Efe.
Estos hechos han provocado una gran provocación en las asociaciones judiciales. Por ejemplo la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha asegurado que el tema les parece “gravísimo por lo que debe esclarecerse cualesquiera que sean las consecuencias
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