CCOO denuncia un déficit estructural de personal penitenciario, ausencia de tratamientos de enfermedad mental y falta de formación en dos prisiones de Madrid. “Las agresiones en prisiones no son inevitables ni están contempladas en la nómina del personal”, manifiesta el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). Denuncia que la situación es “alarmante” en el Centro Penitenciario de Soto del Real, la cárcel con más número de reclusos del país: “Durante la pasada semana se cometieron agresiones muy graves a funcionarios”, según el sindicato, en Soto del Real y en la cárcel de Aranjuez. En el primer caso, la plantilla se mantiene con unas vacantes superiores al 15% del personal que le correspondería.
“Una situación parecida se da en el Centro Penitenciario de Aranjuez, que también tiene un déficit estructural de personal superior al 10%, lo que imposibilita en ambos casos el cumplimiento de las funciones legales y constitucionales encomendadas”, reclama la plataforma sindical.
CCOO considera que la reinserción es “una mera declaración de intenciones” en estas dos prisiones, del total de siete centros penitenciarios que existen en la región de Madrid. Destaca que “resulta imposible garantizar la seguridad y custodia de los internos y la propia salud de los trabajadores”.
Las agresiones se han duplicado en ambos centros en el último año “sin que se haya tomado ninguna medida”, según el colectivo de trabajadores. Los funcionarios de prisiones sindicados en CCOO entienden que las agresiones se producen porque a los gestores de centros, “y a la cabeza de ellos el secretario general de Instituciones Penitenciarias, no les preocupa este problema porque queda muy lejos de sus despachos”.
La prisión de Soto del Real es una de las cárceles más mediáticas tras los casos de corrupción política de los últimos años. Sus celdas han acogido a presos tan ilustres como el extesorero del PP Luis Bárcenas, el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, los cabecillas de la trama Gürtel Rafael Correa y Pablo Crespo o el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.
También han pasado por sus afamadas instalaciones el exconsejero de Presidencia de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, que a día de hoy se encuentra en prisión preventiva en la prisión de Estremera, y su socio y presunto cabecilla de la trama Púnica, David Marjaliza.
Soto del Real es, no obstante, una de las macrocárceles de la década de los 90 y en las que se incluyeron por primera vez modernas instalaciones deportivas y culturales. Se inauguró en 1995 y cuenta con una piscina, canchas de balonmano o baloncesto, pistas de squash y talleres y centros educativos, entre otras comidades. Tiene capacidad para hasta 2.000 reclusos y en su momento causó impresión por romper con los esquemas penitenciarios clásicos en España.
A unos 40 kilómetros de Madrid, cuenta con 14 módulos diferenciados y uno de aislamiento, para los presos más peligrosos. A pesar de ello, es una de las que más déficit de plantilla soporta según CCOO, y la más señalada por el problema de las agresiones a funcionarios.
El sindicato ha propuesto un “Plan Integral Contra las Agresiones al Personal Penitenciario” que se sostiene en cuatro grandes pilares. En primer lugar, una plantilla completa: “Hace falta personal suficiente. No se puede seguir trabajando dentro de las prisiones sin personal, poniendo en peligro la salud de los trabajadores penitenciarios”, denuncia CCOO.
También se reclaman “programas de tratamiento psiquiátrico para enfrentar los problemas regimentales”, que afectan al 25% de la población penal según sus datos. “Las cárceles no son psiquiátricos”, denuncia el sindicato. En tercer lugar exige “medidas legales como el reconocimiento de agente de la autoridad al personal penitenciario, así como medidas legales activas en su defensa jurídica.
Por último, CCOO considera que es necesaria más formación para afrontar la conflictividad dentro de las prisiones. El sindicato lamenta que la Administración responda “promoviendo un plan contra las agresiones en la Administración General del Estado, que excluye a Prisiones”, y denuncia que los gestores públicos “no quieren que sus estadísticas se vean afeadas por la lacra que padecen cientos de funcionarios de prisiones”.
La plataforma exige medidas activas urgentes, una oferta de empleo público extraordinaria y un plan integral contra las agresiones al personal penitenciario, así como soluciones inmediatas para que las agresiones en los centros penitenciarios de Aranjuez y Madrid V (Soto del Real) “sean las últimas”.
