La Asamblea regional vota hoy la propuesta socialista para crear un órgano fiscalizador independiente, mientras el Gobierno del PP aboga por una comisión a cargo de una de sus consejerías. El grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid presentará hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que las actas de la cámara legislativa sean públicas. Según ha informado el partido liderado por José Manuel López en la Comunidad de Madrid, el recurso se presentará tras la sesión de control al Gobierno de la popular Cristina Cifuentes y en medio de una polémica por la redacción de la que será la futura ley de transparencia de la región.
Sobre la mesa, dos textos distintos para regular cómo de transparentes serán las paredes de la Asamblea: el Pleno de la cámara vota hoy su postura sobre la Proposición de Ley de Transparencia impulsada por el PSOE, y que cuenta con el apoyo potencial de Podemos y Ciudadanos. Por otro lado, el Gobierno de Cifuentes mantiene su proyecto de Ley basado en la existencia de in órgano colegiado que dependería de la consejería de Presidencia.
La principal diferencia entre ambas propuestas es que la iniciativa socialista aboga por un órgano independiente para fiscalizar la labor de la administración regional, y está previsto que vea la luz al contar con los votos de toda la oposición, aunque aún debe enfrentar la presentación de enmiendas antes de ser finalmente votada en la cámara. Por su parte, el diputado responsable de transparencia Miguel Ongil y el diputado en el Congreso Juan Pedro Yllanes, explicarán los detalles de su propuesta de mejora de la transparencia tras la sesión de control.
Según informa hoy Cadena Ser, el proyecto de Cifuentes ya cuenta con un primer enemigo de altura: la Abogacía General de la Comunidad de Madrid califica en un informe de “extraño e incluso contradictorio” el diseño de control de la transparencia ideado por el equipo de Cifuentes.
Según este medio, la Abogacía no entiende que el proyecto de ley pida a la Consejería competente (Presidencia) un informe anual sobre los cumplimientos de la Administración regional en relación a la ley de transparencia, y que sea un órgano dependiente de esa misma consejería el encargado de revisar tal informe y “formular observaciones”. Además, ese órgano estaría presidido por el mismo responsable que firma el informe anual, el consejero de Presidencia.
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