España, a la cola de Europa en ayuda a la infancia

Un 36% de los niños, niñas y adolescentes españoles viven en riesgo de pobreza o exclusión social, según un informe que Unicef ha presentado hoy La crisis iniciada hace ya siete años con la implosión financiera internacional, ha incrementado de forma exponencial la desigualdad en nuestras sociedades. En el conjunto de la OCDE, la diferencia media entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población es de 10 a 1, siete veces más alta que hace 25 años. Una diferencia que, en el caso de España, se incrementa hasta 12 a 1.

Pero si existe un colectivo donde esta situación es especialmente sangrante es en el de infancia. Así, España es uno de los últimos países desarrollados en igualdad económica infantil al ocupar el sexto puesto por la cola sobre un total de 41 países.

Un panorama que es aún peor si nos referimos a las políticas públicas que han de, o al menos deberían, afrontar este problema. De esta forma, el nuestro es el país de la Unión Europea (UE) que menos porcentaje del PIB dedica a prestaciones monetarias para familias e infancia: tan sólo un 0,5%. O lo que es lo mismo, menos de un tercio de la media europea.

España también es uno de los países que menos gasto en protección social dedica a los niños y sus familias, con el 1,4% del PIB, frente al 2,3% de media de la UE. Más alejada aún del 3,7% de Dinamarca, el 3% de Irlanda o el 2,5% de Francia. Además, para completar la desoladora imagen un 36% de los niños, niñas y adolescentes españoles viven en riesgo de pobreza o exclusión social, considerándose como tal el umbral equivalente a una renta disponible de 13.932€ para hogares con dos adultos y dos niños.

Estas son las principales conclusiones extraídas del informe de Unicef ‘Equidad para los niños’, presentado hoy en el Congreso de los Diputados. Un informe que sirve como «tabla clasificatoria de la desigualdad respecto al bienestar infantil en los países ricos» a través de un análisis comparado de 41 países de la OCDE en ingresos, educación, salud y bienestar subjetivo.

Asimismo, el informe incluye un breve análisis de la actividad política y parlamentaria en la última legislatura en relación con equidad y pobreza. En este sentido, Unicef destaca que en un contexto de mayoría absoluta, en el que «durante los últimos cuatro años, el Ejecutivo ha tenido una influencia decisiva sobre el desempeño de la actividad legislativa», ha impulsado una serie de medidas que define como «insuficientes».

Los motivos fundamentales son que «no abordan decididamente los problemas de ingresos, estabilidad y oportunidades que están en la raíz de la inequidad y vulnerabilidad que sufren muchas familias y niños y niñas en España»; ni cuentan con la dotación presupuestaria necesaria. Así, por ejemplo, resultan paradigmáticos los muy escasos 48 millones de euros con los que se ha dotado al Fondo contra la Pobreza Infantil, la falta de progresividad del gasto público o los recortes presupuestarios en políticas sociales llevados a cabo en los últimos años.

Además, según estimaciones de UNICEF Comité Español, la inversión en políticas de infancia del conjunto de las administraciones públicas por cada niño o niña disminuyó en más de 6.300 millones de euros entre 2010 y 2013. De esta forma, según ha asegurado Carmelo Angulo, presidente de Unicef España: «Podemos tener varias generaciones donde los niños y niñas vivan peor que sus padres pudiendo haber tenido capacidad de servicios muy superior».

Por ello, UNICEF Comité Español ha propuesto un gran pacto por la Infancia, que incluye como medida más destacada incrementar la cuantía y la cobertura de la prestación económica por hijo a cargo de la Seguridad Social de los actuales 291 euros anuales hasta los 1.200. Una iniciativa que, al tener en cuenta el umbral oficial de riesgo de pobreza para la determinación de los niveles de renta que dan acceso a la prestación, conllevaría un coste estimado de 3.068 millones de euros anuales con los que conseguiría reducir la pobreza infantil severa en un 30%.

Otras medidas incluirían la promoción de la enseñanza pública para los niños y niñas de 0 a 3 años, especialmente en los casos de mayor necesidad; garantizar su acceso, así como el de sus familias, a la atención sanitaria independientemente de su situación administrativa; la elaboración de un “barómetro” anual que permita identificar los problemas y expectativas a los que se enfrenta la infancia; o establecer una serie de indicadores específicos que permitan establecer y garantizar metas desde las administraciones públicas en materia de equidad para este colectivo.

Al respecto, Gabriel González-Bueno, responsable del área de políticas de Infancia en UNICEF España, destacó la importancia de la atención educativa de 0 a 3 años especialmente para los niños y niñas en situación de vulnerabilidad, ya que “los avances o retrasos que se producen en esta etapa influyen en el resto de sus vidas”.

Como nota para el optimismo, el informe también destaca que “la irrupción de nuevos actores políticos han supuesto un impulso renovado para el debate político sobre infancia e inequidad en nuestro país”. Una línea en la que incidió Carmelo Angulo, presidente de Unicef España, al definir el momento político actual como “muy bueno” ya que anteriormente la infancia no estaba presente en los programas electorales con la relevancia que tiene actualmente.

Igualmente, el citado informe concluye calificando como “muy revelador” que tanto el Congreso como el Senado hayan aprobado la constitución de comisiones parlamentarias que sitúan a la infancia en el centro del debate. Una iniciativa que, cabe recordar, fue tomada por Podemos, en las dos cámaras; si bien en el Senado el Grupo Parlamentario Popular hizo uso de su mayoría absoluta para transformar la propuesta inicial de una Comisión Permanente Legislativa de Derechos de la Infancia y la Adolescencia en una CP no Legislativa de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia.

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