Carmena denuncia que la gestión de Gallardón dilapida el 10% de los beneficios de Mercamadrid

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Carmena denuncia que la gestión de Gallardón dilapida el 10% de los beneficios de Mercamadrid

Interior de Mercamadrid

El Ayuntamiento eleva a la Fiscalía Anticorrupción sus indicios de “mala gestión” en la empresa mixta. La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, presentan esta mañana ante la Fiscalía Anticorrupción lo que el equipo de Manuela Carmen considera “indicios de mala gestión en Mercamadrid”.

Tras la filtración de un preinforme de la Cámara de Cuentas que apuntaba a que Ana Botella incumplió “las más elementales” normas de la buena gestión en la venta de pisos protegidos a fondos buitre, los mandatos de la exalcaldesa y Alberto Ruiz-Gallardón son hoy cuestionados por segunda vez en la misma semana.

El área Económica de Ahora Madrid informó el pasado mes de febrero que investigaba antiguos contratos de Mercamadrid por irregularidades que conllevan pérdida de beneficios de la entidad mixta. La sociedad asumió el pago de un alquiler de unas naves a Merca Ocio durante veinte años para evitar un litigio judicial bajo el mandato de Alberto Ruíz-Gallardón. “Mercamadrid resolvió de forma claramente lesiva para su patrimonio el impago de la empresa adjudicataria”, apunta el escrito presentado. Las naves “no tienen uso alguno en la actualidad ni fácil arrendamiento a terceros, lo que provoca un drenaje de aproximadamente el 10% del beneficio anual de Mercamadrid”, señala la denuncia.
 
“Si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad”, detalla el documento, lo que  “es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio”.
 
En la denuncia se ponen en conocimiento de la fiscalía otras operaciones conocidas recientemente. “En determinados años, y aprovechando la ampliación de sus instalaciones, se produjeron una serie de gastos desproporcionados. Un ejemplo es la realización de la ampliación de las infraestructuras de Mercamadird por una inversión de más de 77 millones de euros que no ha servido para incrementar ni los ingresos ni la rentabilidad de la sociedad”, señala el documento.

«Hay unas instalaciones cerradas por las que se tiene que pagar una renta hasta 2032. ¿Eso no es una irregularidad? En mi casa sí», denunciaba el concejal de Economía en febrero. Se refería a unos contratos para de alquiler sobre los que Mercamadrid acabó firmando un acuerdo extrajudicial ante una demanda de la contratista que, según Sánchez Mato, cuesta más de 620.000 euros al año a la sociedad.

Gasto que hay que sumar a los más de 300.000 euros que, también según la contabilidad interna de la empresa pública, costó poner su primera piedra. “Es cuestionable”, denunciaba el equipo de Carmena. “También resultan poco razonables otras facturas relativas a regalos y gastos representativos”. 

El consistorio maneja un informe que sostiene que la empresa mixta amplió en 2004 unas instalaciones que han tenido “nula utilidad” y que sin embargo costaron 77 millones de euros. La empresa ocultó la amortización de la obra para simular mayores beneficios, según informaba El País. También se supo que gastos como 137.000 euros en restaurantes de lujo o la costosa primera piedra en la época de Gallardón se contabilizaron como “inversiones”.

En el escrito, el consistorio pide a la fiscalía que “teniendo por formulada la presente denuncia y por aportados los documentos que se acompañan, admita la presente denuncia y se sirva practicar las diligencias de investigación precisas para la comprobación de los hechos, por si fueran constitutivos de uno o varios delitos”.
 
Además, la gestión de Mercamadrid ocupará previsiblemente una de las primeras sesiones de la comisión no permanente de investigación de la deuda, contrataciones y políticas públicas, según informa el equipo de Carmena. “Mercamadrid es una prioridad para el Ayuntamiento de Madrid por su función social y su gran importancia como motor económico de la ciudad. Por ello es necesario emprender todas las acciones necesarias para esclarecer dudas sobre la gestión y los comportamientos inadecuados de la sociedad, que hayan podido perjudicar a la ciudadanía”, denuncia en un comunicado el Gobierno de la capital.

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