Las ONG de acción social de la Iglesia achacan a la movilización popular que finalmente el Gobierno español rechace las expulsiones colectivas. Las entidades de acción social de la Iglesia que trabajan con refugiados y emigrantes (como Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz) avisan de que se mantendrán “especialmente vigilantes” para que el acuerdo que adopte la UE con Turquía para controlar el flujo de refugiados no traicione el pacto alcanzado en el Congreso de los Diputados y no se superen las líneas rojas consensuadas por todos los grupos parlamentarios.
Cáritas advierte en su web vigilaran que las medidas que se adopten en el Consejo Europeo “se orienten, de manera efectiva, a impulsar unas políticas de migración y refugio inspiradas en la protección y la acogida”, al tiempo que muestra su confianza en que España “contribuirá, a partir de ahora, a frenar la deriva causada por el cierre de fronteras y retrocesos de derechos en la que se encuentra inmersa Europa y contribuya activamente a proteger los derechos y la dignidad de las personas refugiadas y migrantes que llegan a nuestro continente”.
Las entidades de Iglesia entregaron ayer en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación las 33.218 firmas que han recogido para pedir al Gobierno español protección y acogida en Europa a los migrantes y refugiados, y manifestar su rechazo al principio de acuerdo firmado entre la UE y Grecia, unas firmas que consideran una muestra de “la solidaridad de la sociedad española ante el drama de las personas migrantes y refugiadas, y la indignación ciudadana con la respuesta europea”.
Cáritas cree que, precisamente, ha sido esta movilización popular la que impulsó el acuerdo alcanzado el miércoles entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre la posición que debe de mantener España sobre dicho acuerdo de la UE en Turquía, al tiempo que califica de “muy positivo que todas las fuerzas políticas hayan sido sensibles al clamoroso rechazo al principio de acuerdo manifestado por la ciudadanía y numerosas instituciones”.
El acuerdo que fija la posición española en este crisis humanitaria que Cáritas y el resto de ONG de la Iglesia seguirán de cerca para evitar su incumplimiento tiene 11 puntos que se resumen así:
1. Oposición» de España a «cualquier acuerdo con Turquía que establezca expresa o indirectamente la posibilidad de proceder a expulsiones colectivas a territorio turco o a cualquier Estado no miembro de la Unión Europea».
2. Se considera imprescindible que cualquier expulsión a Turquía solo sea posible «cuando la misma sea adoptada tras la conclusión definitiva del correspondiente expediente de asilo individualizado con todas las garantías».
3. Se solicitan garantías acerca del cumplimiento de la legalidad internacional y el respeto a los derechos humanos incluidos los requisitos de la legislación europea de asilo en los acuerdos que se adopten con Turquía sobre el control del flujo de refugiados desde Grecia. Recordando que eso supone que quienes sean expulsados a Turquía no puedan ser devueltos a su país de origen y reciban protección “equivalente” a la prevista en la Convención de Ginebra.
4. España exige reforzar los mecanismos de control de la ayuda económica en favor de los refugiados.
5. Se reclama poner en marcha acciones para la reubicación de los solicitantes de asilo según los compromisos asumidos en 2015 por cada país y se pide solidaridad entre los miembros de la Unión en la reubicación de los refugiados.
6. Compromiso de estudiar una revisión de la cantidad de refugiados a admitir por la Unión en función de la evaluación de la crisis en los últimos meses y en línea con las recomendaciones de las organizaciones no gubernamentales e internacionales.
7. Promover visados humanitarios, becas y otros instrumentos adicionales de acogida y reasentamiento.
8. Impulsar ayudas económicas a los países que soportan el peso de la recepción y el tránsito de migrantes, habilitar vías de acceso legal y seguro a Europa y aumentar las operaciones de rescate y salvamento.
9. Diseñar, de manera urgente y efectiva, medidas de especial protección para grupos de riesgo, especialmente los menores sin familiares que se encarguen de ellos, o mujeres víctimas de violencia sexual o de género.
10. España pide un sistema propiamente europeo de asilo.
11. el Gobierno y el Congreso se emplazan a una nueva posición consensuada de cara a la reunión de alto nivel que Naciones Unidas celebrará el próximo día 30 sobre la propia crisis de refugiados sirios.
