Según el medio Euractiv, el Ejecutivo europeo consiguió que el Tribunal de Cuentas modificara un informe independiente sobre el programa de cooperación con países vecinos y gestión de la migración. La Comisión Juncker ha venido presionando al Tribunal de Cuentas Europeo para evitar que se publicase un informe sobre el desempeño de la UE en cooperación con terceros países en materia de migración y asilo. Según publica el medio Euractiv, durante 2015 un equipo de auditores independientes de la UE examinaron el programa Asociación Europea y Vecindad (ENPI), una iniciativa que financia el desarrollo de pequeñas empresas y otros proyectos con un presupuesto de unos 1.000 millones de euros para seis años.
Pero el informe no gustó nada a la Comisión Europea, liderada por Jean Claude Juncker, que no quiso permitir que un informe que denunciaba enormes costos y falta de evaluación de hasta 23 proyectos integrados en el programa. El Ejecutivo comunitario calificó el informe de “impublicable”, según el mismo medio, por ser “totalmente ininteligible para el lector”.
La Comisión Europea presentó entonces sus quejas ante el presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, Vitor Caldeira. En una carta firmada por el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, el Ejecutivo de la UE rechazaba tanto los métodos como las conclusiones de la auditoría, centrada en el gasto de su predecesor, Durao Barroso, en el programa de cooperación con los países de origen de los migrantes y sobre las políticas de devolución de la UE.
En ese punto el Tribunal de Cuentas modificó el informe y eliminó el término “refugiado”. El organismo entendió que el cambio estaba justificado porque el informe se hace referencia a la política de inmigración, sin atender a las políticas de asilo, que dependen de los Estados miembros y no de la administración europea.
Timmermans declaró ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo que su intención era combinar el informe con otras auditorías aún pendientes de concluir, a lo largo de 2016. Este retraso en la publicación de un trabajo de auditores independientes ha enfadado la Comisión de Presupuestos: “Parece que el auditado controla al auditor”, sostuvo la eurodiputada alemana Ingeborg Grässle, presidenta de la Comisión.
En este punto, el informe debe ahora ser examinado por el Tribunal de Cuentas antes de que acabe febrero, para decidir si se publica o no. Según los críticos con el procedimiento, el atasco de esta auditoría es un síntoma más de la incapacidad de la UE para hacer frente al reto de la inmigración y diluir responsabilidades a través del reparto de materias propias del mismo fenómeno.
