La ley recoge la obligación de “los grandes tenedores de vivienda” a colaborar en la “provisión de vivienda para políticas sociales” y la prohibición a las eléctricas de cortas el suministros a los hogares declarados “vulnerables”. Podemos ha presentado su Ley 25 de Emergencia Social pocas horas después de la constitución de las Cortes Generales. Pablo Iglesias ya había anunciado que llevaría esta medida al Congreso de los Diputados inmediatamente después de su conformación, ya que esta tiene la peculiaridad de que no requiere de una dotación económica, sino de “voluntad política”, según explican desde la formación.
Esta ley hace referencia al artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
Por ello, la propuesta del recién estrenado Congreso tiene tres ejes principales: la protección al derecho a la salud, a una vivienda digna y adecuada y a los suministros energéticos básicos.
De estas medidas destaca la “garantía habitacional a las mujeres víctimas de violencia machista” con tan sólo la acreditación de los servicios sociales –hasta ahora se requería una sentencia en firme. Además, la Ley 25 recoge la prohibición de los desalojos sin alternativa habitacional y obligación para los “grandes tenedores de vivienda” a colaborar en la “provisión de vivienda para políticas sociales”.
Asimismo, esta norma garantiza una alternativa habitacional para aquellas personas en emergencia social durante un mínimo de tres años y no debe de suponer a las familias más del 30% de sus ingresos o del 15% en caso de que estos no superen el Salario Mínimo Interprofesional.
En cuanto a la lucha de Podemos contra la pobreza energética, la normativa presentada este miércoles pretende regular un “Consumo Mínimo Vital” que no se pueda negar a los hogares. Además, prohíbe a las eléctricas la suspensión de estos suministros cuando el hogar “haya sido declarado vulnerable por los servicios sociales competentes”.
“Las empresas suministradoras asumirán el coste de estas medidas proporcionalmente a su volumen de negocio”, reza la normativa, añadiendo que las compañías obligadas a esto se publicarán en el BOE cuando se apruebe.
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