Puig dice que no tiene legitimidad que sean los ciudadanos los que paguen el coste de un error monumental. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha asegurado hoy que su gobierno está estudiando la posibilidad de realizar “alguna intervención de carácter jurídico” por el cierre del almacén subterráneo Castor y su repercusión en la factura del gas de los ciudadanos.
Puig se ha manifestado así al ser preguntado por el recurso de inconstitucionalidad que presentará el Gobierno de Cataluña contra el real decreto ley de medidas del sistema gasista que incluye esta indemnización por Castor y ser interrogado por la posibilidad de que el Ejecutivo valenciano tome alguna medida similar, a lo que ha respondido que si estudian “alguna intervención de carácter público» para evitar que la indemnización del Estado concedida a las empresas promotoras del proyecto de almacén de gas Castor la paguen finalmente los ciudadanos.
“Es verdad que esto se produjo en la legislatura anterior y el gobierno del PP no hizo ningún tipo de acción y no sé si nosotros en estas condiciones podemos realizarla o no», ha agregado en declaraciones recogidas por Europa Press.
Para el jefe del ejecutivo valenciano, lo sustantivo es que «no tiene ningún tipo de legitimidad que tengan que ser los ciudadanos los que paguen el coste de un error monumental. Un error del que hay que ver quién es fundamentalmente el causante y eso en estos momentos no se sabe».
Puig ha asegurado que la decisión del gobierno de España de pagar la indemnización «sin saber las causas objetivas que produjeron este desastre», no le parece «lógica».
“Lo lógico hubiera sido esperar a la investigación y asumir lo que correspondiera, en caso de que le correspondiera al Estado pero que se haya pagado antes de saber lo que ha pasado no es lógico, no es razonable y no tiene ningún sentido», ha concluido.
Hay que recordar que el pasado mes de diciembre el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la Generalitat de Cataluña contra la orden de peajes del gas para 2015, al oponerse a que los gastos de mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor se carguen a la factura del gas.
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