La Asamblea de la Comunidad de Madrid ha sacado adelante una nueva ley para la radiotelevisión pública de la región que introduce cambios rechazados por los trabajadores. Con el apoyo de Ciudadanos y el rechazo de PSOE y Podemos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha conseguido aprobar un nuevo modelo de televisión pública en la Asamblea de la región. El ente ha sido uno de los símbolos más claros de la politización en las cadenas públicas durante los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Generó, además, una situación financiera límite promovida por una gestión más que cuestionable y un ERE que afectó a más de 800 trabajadores en plena crisis económica.
Después de que la nueva presidenta haya admitido que Telemadrid no es una prioridad en su programa de Gobierno y que se plantea cerrarla si no dispone de recursos suficientes, la nueva era del PP en Madrid se ha decidido por una reforma de la radiotelevisión madrileña junto a Ciudadanos. Sin embargo, tanto los sindicatos como Podemos han denunciado que la nueva ley promueve una mayor gubernamentalización de la cadena, y aunque aplauden ciertas enmiendas introducidas al proyecto inicial de Cifuentes, reclaman la eliminación de ciertos cambios. Estas son algunas de las principales novedades en el estatus de Telemadrid.
De ente público a S.A. propiedad de la región
El proyecto de Cifuentes pasa por convertir el Ente Público de Radio Televisión Madrid y sus sociedades en una sociedad anónima: la empresa pública Radio Televisión S.A, y todas sus acciones serán propiedad de la Comunidad de Madrid. Por tanto, la nueva entidad deja de ser un ente público para pasar a regirse por el derecho privado, y el Consejo de Gobierno de la región se convierte en una especie de Junta de Accionistas. La forma de financiación de la entidad será con un programa-contrato de tres años.
Se traduce también en que el Gobierno podrá externalizar, privatizar o incluso cerrar Telemadrid sin control parlamentario, lo que para Podemos no cumple con los compromisos de Cristina Cifuentes ni del grupo de Ciudadanos de despolitizar el medio. Es un cambio igualmente criticado por los sindicatos, que rechazaban que la región pase de dirigir la radio televisión pública a ser el “dueño” de una empresa que podría venderse o cerrarse más fácilmente.
Elección de consejeros
Otro punto clave en el caso de los medios públicos suele ser la designación del consejo de administración. En la anterior estructura, los consejeros eran designados por los grupos políticos de la Asamblea en función de la representación de cada formación en la cámara, y así proponía continuar Cifuentes: “Los consejeros y el director general de la nueva Telemadrid serán elegidos por la Asamblea por mayoría de dos tercios y sin segunda vuelta”, se lee en el proyecto de los populares. Hasta 2013, la Telemadrid de Aguirre contaba con 18 consejeros, que pasaron a la mitad para adaptarse a los tiempos de “austeridad y contención del gasto público”.
Pero tras las enmiendas introducidas por Ciudadanos, la Asamblea solo nombrará a cuatro de ellos, puesto que el consejo pasará delos siete del proyecto inicial a nueve miembros, como en los dos últimos años. Cifuentes aduce que, mediante la exigencia de los dos tercios, no bastará con la pinza PP- Ciudadanos para nombrarlos en la Asamblea y requerirá un mayor consenso.
Por otro lado, los cinco consejeros restantes serán elegidos por organiaciones profesionales, una de las enmiendas de las que más han alardeado PP y Ciudadanos como prueba de esfuerzos para la despolitización.
Sin embargo, desde Podemos se critica que estas plataformas de profesionales también pueden ser partidistas, por lo que no aseguran nombramientos despolitizados. En cambio, y junto al PSOE, demandan que los consejeros se elijan mediante concurso público. Tampoco ha gustado a los trabajadores que creen que otorgar esa iniciativa a “las organizaciones profesionales y sociales más representativas del sector de la comunicación” podría llevar a “un corporativismo muy negativo o a favorecer intereses económicos o políticos poco claros”.
Consejo de redacción obligatorio
Por otra parte, la nueva ley crea un consejo de redacción que estará compuesto por cinco miembros, elegidos de forma aleatoria por el consejo de administración: los trabajadores estarán obligados a participar y será rotatorio por periodos de seis meses. La condición de miembro del consejo de redacción será «incompatible» con el ejercicio de cualquier cargo de elección o designación política y con la pertenencia a órganos de dirección de partidos o de organizaciones sindicales.
Para los representantes de los trabajadores, “no es de recibo” que el Consejo de Redacción, encargado de velar por la independencia del medio, sea nombrado por el Consejo de Administración. Para ellos, es necesario que este organismo sea designado por todos los trabajadores del medio de manera democrática, en votación secreta. Rechazan que se pueda elegir entre toda la plantilla con carácter obligatorio en lugar de sobre trabajadores que se presenten voluntarios.
La nueva ley también establece que las nuevas contrataciones se harán por oposición y tanto los trabajadores despedidos en el ERE como los periodistas que han hecho la información local recibirán puntos extra.
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