La oposición al PP en la Comunidad de Madrid clama por definir responsabilidades políticas en la venta de 2.935 viviendas del IVIMA bajo el gobierno de Ignacio González La operación de venta de unas 3.000 viviendas públicas a fondos de inversión en la Comunidad de Madrid acumula enemigos. A las investigaciones judiciales y los demoledores informes de la Cámara de Cuentas se suma la Comisión de investigación sobre corrupción en la Asamblea regional: “Alguien tendrá que explicar el quebranto patrimonial de 100 millones de euros que se produjo con la venta de viviendas del IVIMA”, se expresó el portavoz de Ciudadanos en la cámara, Ignacio Aguado.
Y fue, tal como suena, mitad ataque mitad impotencia. Porque fue para Ana Gomendio, exdirectora gerente del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA), hablamos de “una operación extraordinaria para el momento en el que se hizo, y transparente”. Gomendio está imputada por un posible delito de prevaricación y malversación de fondos públicos por esta venta.
La Cámara de Cuentas de Madrid calculó un “quebranto” de 98 millones de euros al erario público, ya que el valor contable del paquete de viviendas rondaba los 300 millones y la Comunidad de Madrid lo vendió por 201 millones a la sociedad Azora-Goldman Sachs. “En 2013 el valor de los inmuebles en Madrid había bajado hasta un 40%”, defiende la exdirectora del IVIMA, que se congratula de que el paquete se lograra vender en plena crisis de la vivienda.
Y en este punto estallan los reproches de miembros de la oposición ávidos de responsabilidades políticas: “Cuando hablamos de vivienda protegida no es lo mismo valor que precio, porque estamos hablando de un tipo de vivienda que no solo atiende a su precio de mercado sino a la necesidad de vivienda de quienes tienen que adquirirla en régimen de protección”, recordó en la sesión Ramón Espinar, diputado de Podemos.
“Confunden valor y precio”, continuó Espinar, que consideró que la enajenación de vivienda pública bajo el gobierno del PP en Madrid “es un caso paradigmático de corrupción”. Según Espinar, el consejero delegado de Azora (la empresa que ganó el concurso), es socio de la propia Gomendio en otras dos empresas inmobiliarias. “Por eso está imputada ante un juez por malversación de caudales”, remachó.
Entre las principales consecuencias para los inquilinos, que pasaron a tener como caseros a los llamados fondos buitre, figura la pérdida del derecho de tanteo y retracto, el pago del IBI y de tasas de basura de los que el IVIMA les eximía y la pérdida de ayudas al alquiler, entre muchas otras consecuencias. Todas ellas denunciadas por la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), acusación popular del caso ante los tribunales.
Para los responsables de la venta, la única verdad es que la tasación del paquete de pisos fijó un valor de 168 millones, y el IVIMA logró su venta por 33 millones más. Para el antecesor de Gomendio, el también exdirector gerente del IVIMA Juan Van Halen, el valor de un producto es su tasación según mercado: «Lo demás son futuribles», esgrimió ante las preguntas de los diputados.
Nuevo ‘hachazo’ de la Cámara de Cuentas
El órgano fiscalizador de la región madrileña publicó ayer un duro dictamen -uno más- sobre la operación dispuesta por el Ejecutivo de Ignacio González bajo el mandato del exconsejero de Vivienda Pablo Cavero, también investigado. La Cámara de Cuentas detecta multitud de irregularidades en la operación: denuncia que el expediente de venta no incluía “estudios técnicos o informes de los que el Ivima dice haber obtenido las conclusiones de que la enajenación era necesaria, conveniente, y oportuna».
“La adjudicación recayó en la proposición más cara de manera discrecional ya que, como se ha indicado, los mencionados aspectos a negociar no estaban ponderados ni estaban fijadas las reglas de valoración correspondientes”, prosigue el informe.
También estima que hubo una “insuficiente justificación” de la “elección del procedimiento de licitación, de los criterios de selección de los candidatos a presentar ofertas y de los criterios para valorar las proposiciones”.
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