Ambas formaciones acuerdan un documento de 9 puntos que insiste en que el Parlament no se supeditará a las decisiones del Tribunal Constitucional. Junts pel Sí y la CUP han acordado un texto para la resolución, que presentarán al Parlamento catalán como vía para declarar “el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente”, que adoptará “forma de república. El documento acordado consta de 9 puntos, y expresa que el proceso «no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional», organismo que consideran «deslegitimado».
El texto será votado la semana próxima, previsiblemente antes de que las negociaciones para investir a un presidente de la Generalitat den los primeros frutos. El acuerdo comienza con un primer punto recordando que “el mandato democrático obtenido en las pasadas elecciones del 27 de septiembre se basa en una mayoría de escaños de las fuerzas parlamentarias con el objetivo de que Cataluña se convierta en un estado independiente con una amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado».
Un segundo punto declara abierto el proceso de creación del Estado de Cataluña, y un tercer punto celebra la «apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura constitución catalana». La resolución acaba instando al futuro gobierno a «adoptar las medidas necesarias para hacer posible estas declaraciones».
El acuerdo insiste en que ambas formaciones no obedecerán las resoluciones judiciales dirigidas a invalidar o suspender el proceso. “Reiteramos que este Parlament y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional», se lee en el documento, que califica de «deslegitimado» al órgano judicial. Por esta razón llama al futuro gobierno a cumplir «exclusivamente» las normas o mantatos que emanen del Parlamento catalán «para blindar los derechos fundamentales” que puedan verse afectados “por decisiones de las instituciones del Estado español».
