El Ministerio de Jorge Fernández Díaz ha explicado que incumple la ley en los CIE por “las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige”. El Ministerio de Interior ha reconocido que incumple la ley en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) por “las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige”, según lo han indicado en respuesta a un auto emitido por la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas y juez de control del CIE de Barranco Seco, Victoria Rosell.
Ante esto, Interior ha requerido el dictamen de la Abogacía del Estado sobre las ilegalidades cometidas en estos centros preparados para alojar a ciudadanos inmigrantes en trámites de expulsión.
En el auto, Victoria Rosell explica que “únicamente se cumplen las previsiones —de la estructura laboral prevista— en lo que se ha podido conformar con personal policial” e indica que el centro que rige “no dispone ni de locutorios para entrevistas reservadas con abogados ni sala de visitas”, según ha informado El País.
Asimismo, la jueza detalla en su auto que aunque los inmigrantes de los centros tienen derecho a comunicarse con el director del centro a través de una carta escrita, el centro CIE de Barrancos Seco no puede permitirse esos materiales, lo que supone “una restricción injustificada, máxime para personas privadas de libertad y alejadas de los suyos, no disponer de acceso a Internet”.
En la misma línea, Rosell señala que los centros no facilitan a los internos orientación jurídica y que “la mayoría de las comunicaciones se realizan sin asistencia de intérpretes”. Además, denuncia que no existe personal sanitario para atenderles ni policías de sexo femenino, por lo que las internas tienen discriminación expresa.
Ante todo esto, el auto que ha sido admitido por Interior advertía de la posibilidad de cerrar el CIE de Barranco Seco y quizá del resto, dado que la situación es extrapolable.
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