Los responsables estatales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo respectivamente, han amagado hoy con llevar ante el Tribunal Constitucional la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado viernes y que ya está en vigor. Los sindicatos aseguran que esta norma es “inconstitucional” porque discrimina a los trabajadores.
Méndez y Toxo dudan de la legalidad de la reforma laboral. Según han indicado en la rueda de prensa posterior a la reunión que han mantenido con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, esta reforma contiene varios puntos con indicios de inconstitucionalidad que de ser aprobados obligarán a los sindicatos a buscar el cauce de resolución en la vía judicial, es decir, acudirán al Tribunal Constitucional.
Concretamente, las organizaciones sindicales se han referido al hecho de que la norma discrimina a las empresas de menos trabajadores al estimar un periodo de “un año de pruebas, con lo que en los 365 días” los trabajadores “podrán ser despedidos sin ningún tipo de indemnización”.
Y no sólo eso, ya que Méndez y Toxo también han asegurado que los cambios introducidos en la ultraactividad generan dudas, ya que “hay sentencias del Tribunal Constitucional que impiden a la administración emitir laudos compensatorios”.
Ante esta amenaza, Fátima Báñez ha asegurado que la medida es equilibrada y constitucional porque incorpora los acuerdos en materia de negociación colectiva alcanzados por los agentes sociales. La ministra, que ha dejado claro que la reforma es completa y no va contra nadie, ha insistido en que dará más oportunidades a los 5,3 millones de parados que hay actualmente en España.
No obstante, los sindicatos podrían no estar solos en su camino hacia el Constitucional. El coordinador federal de IU, Cayo Lara, también ha asegurado que su partido podría presentar un recurso de inconstitucionalidad a la reforma laboral de Mariano Rajoy porque es “un golpe de Estado” a los derechos de los trabajadores.
Según Lara, “el Gobierno ha aplicado la posición del sector más radical de la CEOE”, facilitando y abaratando el despido, que se ha convertido en “despido libre y subvencionado” por el Estado. Por ello, sus servicios jurídicos ya han empezado a estudiar el decreto con el objetivo de ver si cabe la posibilidad de recurrir ante el alto tribunal.
Además, IU ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad cuando la reforma llegue al Congreso y que ofrecerá una alternativa basada en la iniciativa legislativa popular que presentaron los sindicatos con el objetivo de “crear empleo estable y con derechos”.
El coordinador federal ha indicado que la enmienda estipulará el contrato indefinido como contrato base y presentará un plan de empleo público y privado y formación. Otro de sus objetivos será proteger a los trabajadores subcontratados, reforzar la inspección de trabajo y reformar la formación profesional de acuerdo con los profesores y las organizaciones sindicales.
