El sindicato exige información sobre los convenios firmados por el Ministerio, el CGPJ y la Comunidad de Madrid con universidades privadas. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sospecha que los convenios que han firmado el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder y la Comunidad de Madrid firmados con varios centros universitarios privados ”buscan suplir parte de las 500 vacantes de funcionarios en juzgados y tribunales” de la región y por ello ha pedido información al respecto a la Dirección General de Justicia del Gobierno autonómico.
El CSIF explica que ha solicitado a la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid información sobre el contenido de un convenio firmado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid y el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, mediante el cual se habilita la posibilidad de que estudiantes de este centro puedan completar su formación a través de la realización de prácticas externas en nuestros órganos judiciales, dado que tanto CSIF Justicia Madrid como el resto de sindicatos no han sido informados ni de este acuerdo, ni de otros cuatro del mismo tenor firmados con los centros universitarios privados Cunef, Camilo José Cela, Francisco de Vitoria y con la universidad pública Juan Carlos I”.
A juicio de dicho sindicato “este tipo de acuerdos pueden afectar al trabajo diario en los órganos judiciales, al recoger de manera ambigua una serie de cláusulas que consideramos preocupantes porque abren una puerta, por la vía de los hechos, a la vulneración de nuestra reserva de función o a los principios rectores del acceso a la función pública establecidos en la Constitución: igualdad, mérito, capacidad y objetividad”.
Hacen notar desde la central sindical que “una de las condiciones del acuerdo con el centro María Cristina indica que la colaboración de los alumnos en prácticas ‘estará siempre supeditada a las necesidades y disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas’, y advierten que “como no se especifica el tipo de necesidades, se puede pensar que se trata de necesidades de personal, que según la ley deben ser cubiertas de acuerdo a los principios mencionados o a través de la bolsa de interinos”.
También subrayan que otro de los puntos del convenio señala que el alumnado “estará obligado a cumplir los horarios” y a “seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas”, así como a “adoptar una actitud activa en las tareas que se le encomienden”, sin especificar los cometidos que pueden desarrollar. El convenio tampoco aclara los criterios que se van a utilizar en la selección de alumnos, limitándose a señalar que “el alumnado será seleccionado entre quienes resulten más idóneos/as en función de las características del trabajo a desempeñar”.
Y pone de manifiesto que el documento, además de no concretar el tipo de trabajo que realizarán estos estudiantes, tampoco dice nada acerca de su ubicación física dentro de las oficinas judiciales, ni de los medios que tendrán a su disposición para realizar “sus tareas”.
Por todo ello, CSIF Justicia Madrid ha exigido a la Dirección General de Justicia información sobre el contenido preciso del convenio, con las tareas concretas que realizarán estos alumnos en prácticas y, en su caso, las personas seleccionadas para las prácticas y los órganos judiciales en los que serán asignados.
Finalmente, CSIF recuerda que en los juzgados de la Comunidad de Madrid existen más de 500 plazas vacantes, cuestión que está perjudicando al servicio público y a los ciudadanos, por lo que considera que “los esfuerzos de la Comunidad de Madrid deben dedicarse a mejorar los medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia y no a hacer experimentos que nada resuelven”. Advirtiendo que “en caso de detectar cualquier irregularidad, no dudará en adoptar cuantas medidas legales estime oportunas”.
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