Denuncian que renunciar al juez predeterminado legalmente abre la puerta a “favorecer tribunales a la carta” así como a “la exclusión de magistrados en función del perfil intelectual”. Los jueces conservadores se han apresurado a tomar partido en la que es la polémica judicial por excelencia de este inicio de curso. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se lanzan a una cerrada defensa de la participación de Enrique López y Concepción Espejel -a la que llaman Concha- en el tribunal del ‘caso Gürtel’.
Tras reconocer que ambos magistrados son miembros de la asociación, pone de manifiesto su intención de “salir al paso” de las recusaciones que “buscan desacreditar” su idoneidad para juzgar la primera etapa de actividad de la trama corrupta. En este sentido recuerdan que fue la propia institución la que los señaló para vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En su defensa, que glosa la que ayer presentaron cada uno de los magistrados, se subraya que los votos en contra o a favor que se producen en el Parlamento según la normativa que rige los referidos nombramientos “no introduce una afinidad o animosidad con las partes que entrañe la pérdida de imparcialidad”. En este sentido, la APM reivindica que esta circunstancia es tan solo “la consecuencia asumida del sistema de designación democráticamente establecido”.
Además de recalcar que “ambos magistrados cuentan con un historial profesional meritorio e intachable en su rigor judicial”, apuntan que poner en tela de juicio la “credibilidad” de estos jueces o de otros cualquiera por el hecho de “aspirar a un nombramiento de esta naturaleza” es algo “insostenible en cualquiera de las democracias desarrolladas de nuestro entorno”.
Dentro de estas mismas líneas advierte del riesgo de que renunciar al juez predeterminado legalmente abre la puerta a “favorecer tribunales a la carta” así como a “la exclusión de magistrados -e introducción de sustitutos- en función del perfil intelectual” de cada cual. Además, recuerda que son los tribunales superiores los que deben ejercer el control público sobre “el compromiso que tiene cada magistrado para cumplir su función con imparcialidad, objetividad y estricta sujeción al Derecho”. Una labor que facilitan, según reconoce el comunicado, los medios de comunicación.
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