La ‘Asamblea Madrid Libre de CIE’ quiere que el consistorio contribuya en todo lo posible a la clausura del centro, aunque no es de competencia municipal. La Asamblea Madrid Libre de CIE, formada por varios colectivos entre los que se encuentra SOS Racismo Madrid, ha presentado una propuesta en el portal de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid para convertir a Madrid “en una ciudad de acogida e integración, libre de CIEs, deportaciones forzosas y redadas racistas”. Si la propuesta recibe más de 53.000 apoyos y es aprobada por la votación ciudadana, al igual que ocurre con el resto de iniciativas, será trasladada al consistorio, que deberá evaluarla técnicamente e implementarla.
SOS Racismo propone una iniciativa para que el Ayuntamiento, a pesar de no tener la competencia sobre el centro, pueda actuar para constribuir al cierre del CIE de Aluche, así como a “construir una ciudad en la que no se persiga a las personas por su situación administrativa”.
Aunque este tipo de centros depende del Ministerio de Interior, las denuncias procedentes del Ayuntamiento de Málaga lograron clausurar el CIE de la ciudad andaluza hace unos tres años. Según apuntan algunos medios, Ahora Madrid planteaba una denuncia similar al llegar al consistorio, haciendo hincapié en las condiciones de salud y coacción de libertades de los internos. Sin embargo, según declaraciones del equipo de Manuela Carmena a este medio hace unas semanas, el consistorio no tenía previsto ningún movimiento concreto.
Ahora la iniciativa en “Decide Madrid”, la web de participación ciudadana de la capital, propone también una votación en el pleno para declarar Madrid Ciudad Libre de Centros de Internamiento para Extranjeros, así como reclamar al Gobierno el cierre del CIE de la capital. A continuación, aboga por la creación de un grupo de trabajo municipal para vigilar el proceso de cierre y trabajar en la trasformación del centro en un “espacio para la difusión y la investigación de la memoria histórica de la guerra y la postguerra civil, tal y como reclaman los/as vecinos/as del barrio”.
En cuanto a la situación de los internos, la plataforma propone erradicar la situación de estancia administrativa irregular, “otorgando con el empadronamiento un documento acreditativo para justificar ante las autoridades una certificación de estancia autorizada”, que sería valido en toda la localidad y en aquellas localidades con las que se establezcan acuerdos de reciprocidad.
Por último, la iniciativa quiere crear una oficina para la defensa de los derechos de las personas en situación de especial vulnerabilidad y evaluar los recursos municipales con los que se podría fomentar el empoderamiento ciudadano del colectivo en los barrios.
“Queremos que este alto grado de inclusión democrática dé fuerza a la propuesta y sea un impulso para seguir construyendo una ciudad integradora y defensora de los derechos fundamentales”, sostiene la plataforma en su propuesta, que ya cuenta con unos 200 apoyos. La lucha por el cierre de los CIE es un reclamo que va ganando adeptos en otras capitales españolas, entre las que destaca Valencia.
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