La FRAVM exige a la presidenta madrileña que firme el convenio con Fomento por el cual la comunidad recibiría 40 millones de euros. La Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) exige a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, que impulse la rehabilitación de viviendas y el alquiler, para lo cual la piden que suscriba el convenio para la rehabilitación de edificios con el Ministerio de Fomento por el que el gobierno autonómico recibirá 40 millones; y también le reclaman que derogue el artículo 20 de la Ley 4/2012, cuya aprobación, por parte de Esperanza Aguirre, “generó una deuda de 10 millones de euros a miles de familias que ya habían rehabilitado sus viviendas”.
Informa esta federación en un comunicado que “Madrid es la única comunidad autónoma que no ha firmado el convenio de colaboración para el impulso de la rehabilitación”, ya “hasta ahora los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González se han negado a suscribir los pertinentes acuerdos”.
Advierte este colectivo vecinal, que “están en juego más de 40 millones de euros que, en el periodo 2015-2016, el Ministerio entregaría a la Comunidad de Madrid para que ésta subvencione a miles de familias de nuestra región en la realización de actuaciones tales como la reparación de edificios que se hallan en mal estado, la incorporación de medidas que permitan reducir el consumo energético, la instalación de ascensores en bloques de viviendas de 3 y más alturas que carecen de él”. Y explican que, además, una parte de ese dinero se destinaría a apoyar a familias con muy bajos ingresos para el pago de las rentas de alquiler.
Además, desde dicha asociación añaden que “si no se firma el convenio, entonces no solo se pierden los citados 40 millones de euros, lo cual ya es muy grave; sino que hay otras consecuencias” debido a que se frenaría la inversión privada, “la realizada por las familias propietarias de las viviendas, cuyo importe sería más del doble de la subvención pública”.
Frenar los desahucios
Haciendo hincapié en que “la rehabilitación es hoy y en los próximos años una inversión estratégica para crear empleo en el sector de la construcción, el más castigado por la crisis”, a lo que habría que añadir que “el apoyo a las familias con menos ingresos en el pago del alquiler es una política necesaria para frenar los desahucios”.
La segunda petición que hacen desde la FRAVM a Cifuentes es que “repare el enorme perjuicio que está causando el artículo 20 de la Ley 4/2012 en el bolsillo de cerca de 20.000 familias”. Recuerdan que en junio de 2012, el Gobierno de Esperanza Aguirre sacó adelante una ley en la que, entre otros recortes de derechos sociales, decidía no pagar el tramo autonómico de las subvenciones a las familias que, en el marco de los planes de vivienda estatales y regionales, habían rehabilitado sus viviendas en los años anteriores y también, bajar de 50.000 a 15.000 euros las subvenciones a las comunidades de propietarios que habían instalado ascensores en edificios de 3 y más alturas que carecían de él.
El movimiento vecinal denuncia que ambas decisiones –que la federación califican de “descarnada vulneración del principio de irretroactividad de las leyes, acogiéndose a subterfugios y trampas legalistas”- han generado una deuda de 10 millones de euros con miles y miles de familias, por lo que consideran que “para reparar el derecho de las mismas y para recuperar la credibilidad en los planes de rehabilitación es necesaria y prioritaria la derogación del infausto artículo 20”.
