La presidenta de la Comunidad de Madrid crea una comisión jurídica de asesoramiento como sustituto del Consejo para ahorrar unos 2,3 millones de euros. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado la aprobación del proyecto para la eliminación del Consejo Consultivo, cuyos consejeros son, entre otros, los expresidentes autonómicos Ignacio González, Joaquín Leguina y el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.
“La eliminación del Consejo nos permite avanzar en la eliminación de duplicidades y ahorrar unos 2,3 millones de euros”, ha sostenido Cifuentes al término del Consejo de Gobierno celebrado hoy. Para “proteger los derehos de los ciudadanos” respecto a las funciones del Consejo Consultivo, la presidenta ha optado por crear una comisión jurídica de asesoramiento, que estará integrada por letrados de la Comunidad de Madrid que, sin embargo, tengan dedicación exclusiva para garantizar “que trabajan de manera independiente”, ha sostenido Cifuentes. “Se podría haber optado por otro modelo”, explica la presidenta, que cree que un traslado de todos el trabajo del órgano a su homólogo central, el Consejo de Estado, podría “saturar” a este último.
Se contempla, no obstante, que sobre algunos proyectos de ley, “por sus características”, se pida dictamen al Consejo de Estado. Como ejemplo, Cifuentes ha citado proyecto de Ley de Suelo, del que ha dicho que podría ser recomendable obtener la opinión de un ente consultivo de grado mayor del que en adelante tendrá la región.
Sobre las retribuciones y el futuro laboral de los altos cargos como Gallardón, Leguina o González, la dirigente ha apuntado que “la decisión de supresión del Consejo estaba asumida por todos, desde que se plasmó en un acuerdo de investidura”. Cifuentes ya había sentenciado a los altos cargos al firmar el acuerdo de investidura de Ciudadanos, después de que Leguina llegara a calificar de «barbaridad» al eliminación del Consejo. También defendió la retribución de los consejeros, aclarando que no ganan unos 8.000 euros al mes «sino 5.000» después de impuestos y Seguridad Social.
Los 11 altos cargos, cuyas retribuciones suman casi un millón de euros al año y en su mayoría funcionarios, se acogerán a la “legislación vigente, la ley 30/92 de la función pública, que establece la posibilidad de que funcionarios que trabajan en el organismo puedan integrarse en la Administración Pública en la Comunidad de Madrid o retornar a sus administraciones de origen”. Lo mismo ocurrirá con el resto del personal funcionarial del Consejo, hasta los 44 miembros que actualmente componían el órgano.
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