El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha acusado a José Luis Rodríguez Zapatero de impulsar una “policía del pensamiento” con la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual que controle las descargas que vulneren los derechos de autor en Internet.
La rebelión de los internautas contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha puesto en bandeja al PP un argumento que refuerce la idea de que el Gobierno quiere ser un ‘Gran Hermano’ que controle todo.
Después de denunciar que el Ejecutivo presuntamente escucha de manera ilegal las conversaciones de los dirigentes de la oposición, Pons ha salido a la palestra para comparar al Ejecutivo de Zapatero con el régimen chino al introducir la posibilidad de cerrar web sin autorización judicial. “Es un secuestro gubernativo de un medio de comunicación”, aseguró.
González Pons también utilizó una analogía para referirse a la redacción de la norma ‘antidescargas’: “Igual que ‘Alien’ llegó a la nave espacial ‘Nostromus’ en el interior de la barriga de los tripulantes, este anteproyecto llega en la barriga de la Ley de Economía Sostenible”.
Muchos detalles de la rueda de prensa de hoy han recordado a la ‘campaña’ que los populares han lanzado en las últimas semanas para que el Gobierno regule por ley la utilización de Sitel. Por un lado, piden lo mismo: una ley orgánica para que no se pueda cerrar ninguna página web sin autorización judicial. Por otro, la presencia en la sala de prensa de Carlos Floriano, quien protagonizó un fuerte enfrentamiento con Alfredo Pérez Rubalcaba a cuenta de las escuchas telefónicas.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, consciente de la oposición que ha generado la norma, ha citado a varios representantes de la red a una reunión esta mañana. Entre ellos, figuraban Enrique Dans, del Instituto Empresa, el consejero delegado de Weblogs SL, Julio Alonso, el fundador del portal inmobiliario Idealista, Jesús Encinar, la directora de la web de RTVE, Rosalía Lloret, el periodista y cofundador del Grupo de Interés por la Información, David Martínez, o el creador de ADSLzone y Movilzone, Javier Sanz.
El encuentro, sin embargo, no ha servido para limar asperezas, ya que los asistentes destacaban la poca voluntad de diálogo de los altos cargos de Cultura -la ministra se ausentó a los pocos minutos por tener otro compromiso en su agenda-. El PP ha anunciado que convocará a estos internautas a una reunión la próxima semana para recoger sus impresiones y propuestas.
Directiva europea
La decisión del Ejecutivo de crear una Comisión de Propiedad Intelectual dentro de la Ley de Economía Sostenible cumple la directiva europea aprobada la semana pasada por el Parlamento Europeo y que contempla restricciones en el acceso a Internet tras un procedimiento “justo e imparcial”, sin que se haga referencia expresa a una autorización judicial.
Una norma apoyada con los votos del Grupo Popular de la Eurocámara. Preguntado al respecto, Pons, con poca convicción, intentó explicar esta incoherencia argumentando que la Cámara lo que dijo es que no tenía capacidad para entrar en la legislación de cada país.
Lo cierto es que los grandes países de la Unión Europea ya cuentan con una legislación más dura que la que prevé el Gobierno español. Por ejemplo, la ley alemana contempla penas de hasta tres años de cárcel mientras que en Francia se puede cortar la conexión durante un año a los usuarios que descarguen contenidos ilegales.
El PP no hace referencia en ningún momento a estos dos últimos casos, a pesar de ser dos gobiernos conservadores que en muchas ocasiones han puesto de ejemplo para oponerse a otras medidas del Gobierno. Por contra, comparan la ‘ley antidescargas’ española con normas de países latinoamericanos que sí contemplan la posibilidad de cerrar webs, pero por contenidos informativos que se critican la gestión del Gobierno.
La asociación de internautas denunció Sitel en los tribunales
La Asociación de Internautas se ha convertido en el ‘Manos Limpias’ de la tecnología: una ‘máquina de denuncias’. Por ejemplo, Sitel, cuyo funcionamiento denuncia el PP, fue objeto de una denuncia ante el Supremo por parte de la asociación, pero el tribunal la archivó al considerar que no era necesario regularlo por ley. La asociación también recurrió por este asunto al Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos e incluso ante la Comisión Europea.
El colectivo de internautas es conocido sobre todo por la guerra que mantiene con la SGAE, un enfrentamiento muy aplaudido por medios cercanos a Esperanza Aguirre. Antes de esta batalla, el colectivo se mostró muy combativo contra Telefónica, empresa con la que ahora se lleva bien.
En relación a la nueva norma incluida en la Ley de Economía Sostenible, Victor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, se ha preguntado si el Gobierno pretende también perseguir también a Google.
Esta cuestión se lanza la misma semana en la que Google ha anunciado que restringirá el acceso a información limitada a suscriptores si las editoras lo requieren. Una decisión que ha adoptado tras la amenaza de Rupert Murdoch, propietario de News Corporation, editora The Wall Street Journal, de retirar sus contenidos y aliarse con la competencia, Microsoft.
