El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado hoy, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que se creará una línea de financiación de 10.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que las comunidades autónomas puedan afrontar los pagos pendientes con sus proveedores. La dotación podrá ampliarse, previo acuerdo del Ejecutivo, hasta los 15.000 millones.
Según ha indicado el responsable económico, el acceso a esta línea estará condicionado al cumplimiento de las exigencias en disciplina presupuestaria. Si se cumple, las autonomías podrán adherirse a los dos tramos contemplados, uno de los cuales estará destinado al pago de las facturas pendientes con los proveedores de obras y suministros, siempre que los contratos hayan sido firmados antes del 1 de enero de 2012.
El otro tramo, que tendrá un vencimiento de 11 meses, permitirá a las comunidades hacer frente a sus deudas financieras anteriores al 1 de enero del presente ejercicio que hayan sido contabilizadas previamente como déficit. Para poder acceder a este objetivo, las regiones deberán enviar al Ejecutivo central un informe detallado de las operaciones de endeudamiento.
De Guindos ha advertido de que esta medida aprobada por el Gobierno “no es una línea de liquidez incondicional”, sino que sólo pretende dar facilidades a las comunidades para que cumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria marcado por el Ejecutivo. Como contrapartida, las regiones que se acojan a ella estarán obligadas a presentar un severo plan de viabilidad económico-financiero.
Esta línea ICO es una de las medidas impulsadas por el equipo de Mariano Rajoy para aliviar los problemas de liquidez de las comunidades autónomas. Una propuesta que ya realizó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró el pasado 17 de enero
Valencia.
Hace dos semanas, De Guindos aseguró que el Gobierno no dejaría caer a ninguna autonomía. La primera en ‘beneficiarse’ de esta aseveración fue la Comunidad Valenciana, que a finales del mes de enero recibió un anticipo estatal de 420 millones de euros para que la Administración regional pudiese afrontar los pagos con sus proveedores, ya que en ese momento al presidente Alberto Fabra se le amontonaban los problemas por sus deudas con los colegios, incluso los concertados, o las farmacias.
Y no sólo eso, ya que el Tesoro también avaló, en los primeros días del 2012, un crédito contraído por la Comunidad Valenciana con el Deutsche Bank. La autonomía se mostraba incapaz de afrontar el vencimiento de la deuda de 123 millones de euros contraída con la entidad, por lo que el Estado avaló a la región para evitar la primera quiebra autonómica.
