La consejera regional ha afirmado que «la sanidad universal es innegociable para el Gobierno valenciano y es un derecho que no se puede fragmentar”. La Consejería de Sanidad valenciana ha anunciado hoy que dará cobertura sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular que lleven al menos tres meses empadronados en la Comunitat. Se calcula que serán unas 30.000 las personas que podrán disfrutar de este servicio, que incluirá, además de la cartera común básica de servicios, la asistencia especializada en el hospital y su tratamiento farmacológico, así como la prescripción de medicamentos y prestaciones ortoprotésicas.
A partir del lunes próximo, el Sistema de Información Poblacional (SIP) incorporará los cambios necesarios para poder incluir a estos nuevos beneficiarios, y a lo largo de la semana se trasladará esta instrucción a los centros de salud para que les incorporen y les asignen un facultativo de medicina general a cada titular.
Así lo ha explicado la consejera de Sanidad, Carmen Montón, quien ha recalcado que ha adoptado esta primera medida a las dos semanas de su toma de posesión porque “la sanidad universal es innegociable para el Gobierno valenciano y es un derecho que no se puede fragmentar”. Además, ha añadido, que con esta instrucción pretende “acabar con el modelo exclusivo y que recorta derechos del Gobierno de Mariano Rajoy”.
Por su parte, el presidente de Médicos del Mundo de la Comunidad, Rafael Sotoca, ha apuntado que tienen datos contrastados mediante los que se puede ver que “desde 2012 la consejería dificultó el acceso o exigió el cobro a más de 100 menores y más de 1.000 adultos”. Uno de estos casos es el cobro de 2.000 euros por una primera consulta pediátrica este mismo año. «Pero estos datos son sólo la punta del iceberg», ha alertado Sotoca.
“Esta situación se acabó en la Comunitat Valenciana”, ha concluido Montón. Por ello, ha aprobado esta instrucción para agilizar la aplicación de la sanidad universal sin excepción, que posteriormente será regulada por una norma aprobada por el Gobierno valenciano y que ha descartado que suponga un conflicto de competencias con el decreto aprobado por el Ejecutivo central.
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