El ministro Catalá accede a buscar un texto alternativo al polémico artículo de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Editores y periodistas han conseguido que Justicia rectifique ante la controversia que ha generado en la profesión el polémico artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prohíbe grabar a los detenidos en el momento de su arresto y en traslados posteriores a los juzgados.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha accedido a buscar un texto alternativo que refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado en el artículo 520.1 de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según informa UGT.
Un compromiso que ha surgido en una reunión de trabajo con el ministro, representantes del Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), y de la asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), colectivos que mostraron su inquietud al considerar que este artículo, introducido en una enmienda en el Congreso de los Diputados, pone en peligro el derecho constitucional a la información.
En la reunión, además de precisar que, en asuntos de interés público y con veracidad informativa, prevalece el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen, según sentencias del Tribunal Constitucional, se puso sobre la mesa que las palabras «adoptar las medidas necesarias» habían creado un gran desconcierto y total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial.
Respaldo del PSOE
Los representantes de los editores, organizaciones profesionales y sindicatos han hecho público un comunicado en el que destacan “la voluntad de diálogo del ministro y su disposición a buscar fórmulas para que la reforma legislativa no suponga una traba a la libertad de información aunque los destinatarios de la norma sean órganos judiciales, fiscalía, policía judicial e instituciones penitenciarias”.
Por otra parte, tal y como informa UGT, en otro encuentro con representantes de las organizaciones de periodistas y editores, el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Óscar López, mostró la disposición de su grupo a rechazar el texto al artículo 520.1, donde se tramita en la actualidad, tal y como ha sido remitido desde el Congreso, pidiendo la retirada del polémico párrafo.
El líder del Partido Popular, por su parte, criticó la decisión del Ejecutivo de enviar…
El 8M vuelve a situar en el centro del debate público las desigualdades estructurales que…
Los mercados energéticos siguen con atención la evolución del conflicto en Oriente Medio, ya que…
El sistema de reservas de los bancos centrales cumple una función clave: garantizar liquidez suficiente…
La violencia hacia las mujeres no solo se manifiesta en el ámbito físico o social,…
La escalada del conflicto entre EEUU, Israel e Irán ha reforzado el atractivo del franco…