La magistrada ha renunciado a recibir los 659 nombres que recoge el documento a través de una providencia. La jueza que pidió a Hacienda los nombres que aparecen en la ‘lista Falciani’ ha dado un paso atrás. A través de una providencia ha renunciado a recibir esa prueba, eximiendo de este modo al Gobierno a hacer públicos los nombres que aparecen en ese documento.
En concreto, la magistrada Purificación Elisa Romero Paredes llevaba la querella presentada por el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) contra el exdirector del departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, Carlos Cervantes, y contra la exdirectora del departamento de Gestión de la misma institución pública, María Dolores Bustamante.
En este proceso, la jueza Romero Paredes investigaba los procedimientos llevados a cabo por los exdirectivos de la Agencia Tributaria al alertar a las personas de la ‘lista Falciani’ de su presencia en dicho documento en vez de abrir una investigación.
Para esclarecer los hechos la letrada pidió el día 6 de abril toda la documentación relativa a la ‘lista Falciani’, incluidos los 659 nombres que ahí se recogen. Pero a través de una providencia fechada el 1 de junio, ha renunciado a esta prueba y ha evitado que el documento pase a ser de dominio público.
Recurso
Por su parte, el letrado de la acusación, Fernando Llagas, ha recurrido la providencia de la magistrada por no considerarla adecuada. “Si estamos investigando si ante una determinada información varios altos cargos de Hacienda actuaron de manera correcta, será necesario conocer la información que recibieron y qué informes solicitaron -si es que solicitaron alguno- para poder valorar la decisión que tomaron”, ha manifestado a El Español .
Ante esto, cabe destacar que la Agencia Tributaria pidió a las personas de la ‘lista Falciani’ que pusieran al día sus cuentas con el fisco de manera voluntaria. Y uno de los alertados fue el expresidente del Banco Santander, Emilio Botín, quien apareció vinculado a una cuenta en un paraíso fiscal que contenía 82 millones de dólares. A su vez, 11 personas de su familia decidieron realizar declaraciones complementarias hasta devolver a Hacienda unos 200 millones de euros para evitar ser acusados de fraude.
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