El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado la orden del Gobierno regional de junio de 2013 en la que se recortaban las prestaciones a la dependencia. El PSOE ha exigido hoy tanto a María Dolores de Cospedal como a José Ignacio Echániz que repongan cuanto antes los derechos “cercenados” a los dependientes, después de que la Junta de Castilla-La Mancha revisara a la baja sus prestaciones y ahora el Tribunal Superior de Justicia regional haya anulado esta medida. Para los socialistas, tanto la presidenta autonómica como el consejero de Sanidad deben actuar con premura y rectificar cuanto antes.
En una rueda de prensa, la diputada nacional socialista Guadalupe Martín ha instado al Gobierno manchego a actuar de “manera urgente” después de que esta semana se conociese que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha había anulado la orden del Ejecutivo autonómico de junio de 2013 en la que se establecían nuevas cuantías de las prestaciones por dependencia.
Concretamente, la socialista ha exigido tanto a Cospedal como a Echániz no sólo que asuman responsabilidades por lo ocurrido, sino que se apresuren a reponer los derechos “cercenados” a los dependientes afectados por su pésima gestión.
A su juicio, el Gobierno regional debe asumir que “ha metido la pata”, pero ha explicado que el PSOE teme que para solucionar esta situación haya una rectificación “al estilo de Cospedal” y se impulse “una nueva norma que siga siendo lesiva para los dependientes”, recoge Europa Press.
Martín cree que si la presidenta manchega tuviese “un mínimo de humildad” reconocería que lo ha hecho “muy mal”, que ha cometido “gravísimas irregularidades” y repondría de “manera inmediata y de oficio”, sin que le obligue una sentencia, los derechos que los dependientes tienen reconocidos por ley.
En concreto, se trata de los dependientes a los que el Ejecutivo autonómico revisó “de manera sorpresiva y a la baja” su grado dependencia, a los que además se les impuso un servicio que no habían elegido y que no podían costear para retirarles a sus cuidadores.
Pero también aquellos 9.200 cuidadores familiares a los que les han quitado la prestación y a los dependientes que no se les ha reconocido su derecho a recibir ayuda a domicilio o plaza en un centro de día justificando “incompatibilidades peregrinas”.
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