La concentración por la gestión pública de la finca se repite un mes más con el impulso de un nuevo respaldo judicial a las exigencias de los ciudadanos para que el espacio no acabe en manos de la Universidad de Navarra. Los vecinos de la madrileña Quinta de Torre Arias vuelven a la calle este domingo para exigir la gestión pública de la finca y su palacio y evitar su entrega a la Universidad de Navarra. Con esta nueva protesta se cumple ya un año de concentraciones el último domingo de cada mes contra las políticas de la alcaldesa Ana Botella.
La concentración de este mediodía ha vuelto a tener lugar a las puertas de la conocida finca, hasta donde llegan habitualmente desde su punto de encuentro en la estación de Metro de Torre Arias. El lema ha vuelto a ser: “Por la apertura, uso y gestión públicos de la Quinta de Torre Arias”. Un objetivo para el que los vecinos ya acumulan dos victorias judiciales que podrían acabar con la paralización de su cesión al centro universitario vinculado al Opus Dei.
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó esta misma semana el recurso del Ayuntamiento de la capital contra la suspensión cautelar del Plan Especial que “permitía destruir bienes culturales para facilitar el acuerdo con la Universidad de Navarra”, según denuncian los miembros de la Plataforma que ya cumple un año movilizando a los vecinos desde su primera convocatoria del 30 de marzo de 2014, que ya entonces fue calificada de “éxito” a pesar del mal tiempo que reinó entonces a diferencia de la jornada soleada de este domingo en Madrid.
El auto judicial destacaba además el “interés preponderante, representado por la protección de dichos elementos al constituir un patrimonio de la ciudad, en relación con el privado dotacional que se pretende instaurar”, tal y como destaca la Plataforma. Un criterio que ahonda en las líneas trazadas ya el pasado mes de marzo, cuando el mismo tribunal ordenó la suspensión de los derribos previstos para algunos elementos arquitectónicos de la finca y que los vecinos habían calificado de una muestra más del “expolio” del negocio privado sobre un “bien público común”.
Por ahora, el alto tribunal madrileño ha condenado al Ayuntamiento que preside Ana Botella a asumir las costas del proceso. No obstante, tal y como señalan los vecinos, cabe la posibilidad de que el consistorio recurra la decisión al Tribunal Supremo. En este caso, el litigio podría extenderse hasta el próximo 25 de mayo a menos tardar, sin embargo, las medidas cautelares dictadas para evitar la entrega a la institución educativa privada seguirían en vigor.
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