La Marea Blanca arremete contra Ignacio González por borrar el historial médico de hijos de inmigrantes

Denuncia los “tintes xenófobos” del Gobierno regional, que ha reducido de un año a 90 días el tiempo para inscribir a los menores no regularizados en el Sistema de Salud. La última decisión de Ignacio González en materia sanitaria ha caído como un jarro de agua fría en la Marea Blanca. La Comunidad de Madrid ha enviado una circular interna por sorpresa en la que anuncia que se reduce de un año a 90 días el tiempo para inscribir a los menores en el Sistema de Salud. Se trata de una medida muy criticada por el colectivo en defensa de la Sanidad pública, que habla de “tintes xenófobos” en el gobierno regional.

Tal y como han recogido diversos medios en los últimos días tras las denuncias de colectivos como SOS Racismo Madrid o Yo Sí Sanidad Universal, el Ejecutivo que preside Ignacio González ha decidido recortar por sorpresa el plazo para que los padres inscriban a sus hijos en el Sistema Sanitario y si no lo hacen, para que puedan llevar al médico a sus hijos sin contar con la tarjeta sanitaria.

Se trata de una decisión que va a afectar sobre todo a los inmigrantes irregulares, como afirman las asociaciones antes mencionadas, ya que hasta ahora podían ir al centro de salud con los menores sin contar con una tarjeta sanitaria durante un año y ahora el Gobierno regional ha decidido recortar este periodo sin avisar previamente ni a los administrativos ni a los padres.

De esta forma, los niños perderán el derecho a ser citados por el pediatra en el centro de salud de manera ordinaria si no tienen la situación sanitaria en regla en tres meses. Algo que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) no ve con buenos ojos.

Este colectivo ha emitido un comunicado en el que critica el borrado de datos de estos menores ya que considera que es una “decisión arbitraria, tomada sin avisar previamente ni a las familias ni a los administrativos de ambulatorios y hospitales y que puede provocar graves daños a la salud de los niños” porque provocará que se anulen “las citas o la programación de las vacunaciones, seguimiento por especialistas, realización de pruebas diagnósticas, etc.”.

Asimismo, afirma que supone una “vulneración del Real Decreto Ley 16/2012 que garantiza la atención sanitaria a todos los menores, por lo que es una actuación claramente ilegal”. Y la Marea Blanca asegura también que con esta medida la Comunidad de Madrid pone de manifiesto una política “de desprecio a la legalidad vigente y de tintes xenófobos que dificulta el acceso a la atención sanitaria a personas que tienen ese derecho legalmente reconocido”.

Ante esta situación la ADSPM exige al Ejecutivo autonómico no sólo que “rectifique de manera inmediata, garantizando a todos los menores que viven en Madrid el acceso a la atención sanitaria”, sino también que se “depuren responsabilidades” en la Consejería de Sanidad y “se cese a los causantes de esta decisión”.

Pese a estas críticas la Consejería de Sanidad ya ha desmentido que se vaya a producir exclusión de estos menores en el sistema. «Este cambio no afecta en absoluto a la atención sanitaria de los niños, sean o no hijos de personas en situación irregular, ya que todos los niños tienen garantizada en todo momento la asistencia, incluso aunque no tengan regularizada su situación administrativa en tiempo y forma», afirma la Consejería de Sanidad, que añade que el cambio se ha producido a petición de los propios profesionales sanitarios para tener lo más actualizado posible los datos de los pacientes a los que atienden.

Según la Comunidad de Madrid, la historia clínica de los niños, sea cual sea su situación administrativa, está activa en la base de datos de AP-Madrid, que es la que consultan los profesionales sanitarios. En el caso de que los padres tuviesen citas con el pediatra y no hubiesen regularizado a tiempo la situación de sus hijos, las unidades administrativas de los centros de salud les dan de alta con una duración de 24 horas para atenderlos ese día y se les informa de que deben regularizar la situación administrativa del niño, con objeto de garantizar su asistencia sanitaria hasta los 18 años. «Hay que recordar que mientras se encuentran en esta situación provisional, el niño no tiene asistencia fuera de la Comunidad de Madrid», añade.

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