UPyD lleva al Tribunal de Cuentas la campaña de “autobombo” en Sanidad de Ignacio González

Sanidad

UPyD lleva al Tribunal de Cuentas la campaña de “autobombo” en Sanidad de Ignacio González

Campaña de publicidad de la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

La formación magenta quiere que investigue si existen indicios de malversación contable. El Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid ha remitido al Tribunal de Cuentas la campaña de publicidad institucional de “autobombo” de la consejería de Sanidad para que investigue si existen indicios de malversación contable.

El candidato de UPyD a la presidencia de la Comunidad de Madrid y portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, Ramón Marcos, considera que “el desarrollo de esta campaña de publicidad se ha realizado de forma completamente desviada del objetivo de información de interés público” y advierte que “el dinero de todos los ciudadanos no puede usarse para fines particulares de un partido ni para ensalzar la labor de un Gobierno a pocos meses de las elecciones”.

Ramón Marcos ha añadido que “desde UPyD ponemos estos hechos en conocimiento del Tribunal de Cuentas ante las dudas, por si considerase la existencia de indicios de malversación”.

Exigen su paralización

Asimismo, el grupo magenta en la Asamblea ha remitido una carta al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Maldonado, en la que le pide pide que paralice esta campaña de ‘autobombo’ “ya que sus acciones parecen contrarias a la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, que en su artículo 4 prohíbe expresamente las campañas institucionales de publicidad y/o comunicación “que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados”.

Además, recuerda UPyD en relación con esta campaña denominada “La mejor sanidad y los mejores servicios hacen de Madrid una gran Comunidad”, que su objetivo debería ser en teoría la difusión de “mensajes de utilidad pública de interés general para la población” y “transmitir los planes de prevención y mejora de la salud, destinados a la población madrileña, según los pliegos de los contratos.

Pero que, en realidad, la campaña llevada a cabo por la Consejería de Sanidad, y en la que el Gobierno de Ignacio González se ha gastado 1,4 millones de euros, introduce mensajes como “hospitales y centro de salud mucho más cerca”, “los mejores profesionales, hospitales universitarios y 8 prestigiosos institutos de investigación”o el meritado lema “La mejor sanidad y los mejores servicios hacen de Madrid una gran Comunidad”, que muestran un claro objetivo de ensalzamiento del Gobierno de la Comunidad.

Por su parte, el grupo de IU en la Asamblea de Madrid ha pedido la comparecencia del consejero de Sanidad para exigirle explicaciones sobre la que definen como la última campaña de “autobombo” del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al tiempo que el portavoz de Sanidad de IU, Rubén Bejarano, deja muy claro que considera “inmoral” que el Gobierno de Ignacio González “se gaste en una campaña de autobombo los recursos que se podrían utilizar para salvar la vida de muchos afectados por hepatitis C”.

Tambien con los impuestos

Y es que no es la primera vez que el tono propagandístico de una acción publicitaria institucional de la Comunidad de Madrid provoca controversia de cara a las elecciones del próximo mes de mayo.

El pasado el mes de octubre, este diario se hacía eco de la polémica registrada por una campaña con la que el Gobierno autonómico quería presumir de su política fiscal, también antes de las elecciones.

La voz de alarma sobre esta acción de propaganda de la política fiscal del Ejecutivo de Ignacio González, enmascarada en una campaña para “fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias” en la Comunidad de Madrid, la dio el elboenuestrodecadadia.com, que además hacia notar que la ley que regula la publicidad institucional prohíbe explícitamente este tipo de anuncios en su artículo 4.

Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid pusieron el grito en el cielo y tras sus quejas, el Gobierno regional se vio obligado a suprimir varios puntos del pliego de condiciones del contrato, especialmente aquellos que resaltaban la “baja presión fiscal” de la Comunidad.

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