Miquel Roca y Jesús María Silva consideran que el magistrado ha incurrido en “una interpretación contraria a la coherencia sistemática del ordenamiento jurídico procesal”. Los abogados de la infanta Cristina han ido un paso más allá en su defensa. En el recurso que Miquel Roca y Jesús María Silva han presentado para evitar que su defendida tenga que sentarse en el banquillo ante el juez Castro le han acusado de haber cometido “una corruptela de la interpretación del ordenamiento jurídico”.
Ambos letrados consideran que Castro ha cometido “fraude de ley” al haber vetado la posibilidad real de recurso al haber incluido en el auto de apertura de juicio oral “los extremos relativos a fianzas pecuniarias”. Algo que, a su entender, constituye “una interpretación contraria a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa y a la propia coherencia sistemática del ordenamiento jurídico procesal”, tal y como se recoge en el recurso presentado.
En especial, los abogados de la Infanta hacen mención a la cuantía de la fianza que defienden que siempre debe poder recurrirse. Es así que han pedido a la Audiencia de Baleares que se pronuncie sobre este particular, si bien el juez Castro es quien antes debe decidir si admite este recurso a trámite, algo que podría ocurrir la próxima semana. En el caso de que se desestimen sus solicitudes, Roca y Silva ya han avanzado que tomarán otras iniciativas para evitar que doña Cristina se siente en el banquillo.
El escrito explica igualmente que Castro “yerra” al “sostener sobre la base de determinados artículos periodísticos publicados recientemente” que no se puede aplicar la conocida como ‘Doctrina Botín’4′ del Tribunal Supremo en este caso. Además califica de “absolutamente desproporcionada e injustificada” el importe de la fianza impuesta a la hermana menor del Rey, que asciende a 2,7 millones de euros.
El juez Castro se queda
Por estos motivos instan al magistrado José Castro que deje sin efecto esta solicitud. Para ello, los dos abogados apuntan que ni el fiscal anticorrupción Pedro Horrach ni la Abogacía del Estado como acusación particular del caso Nóos pidieron llevar a la infanta a juicio. Además, consideran que la acusación popular de Manos Limpias no cuenta con legitimidad jurídica para hacerlo.
Mientras tanto, el juez Castro ha anunciado su intención de alargar su jubilación más allá de lo que inicialmente había previsto. El letrado desea extender su carrera durante dos años más de la fecha límite del próximo 20 de diciembre de 2015 en la que cumplirá 70 años. Así conseguirá pasaría a ser juez emérito y ocupar una plaza de refuerzo para poder concluir así la instrucción del caso Palmarena.
