Los participantes se enfrentan a dos años y ocho meses de cárcel y a una multa de 357.371 euros. Este jueves se celebra el primer juicio contra los activistas que participaron en la toma de la central nuclear de Cofrentes (Valencia). La fiscalía les ha denunciado por realizar pintadas y colocar una pancarta en el recinto.
Durante la vista en el juzgado de lo Penal número 11 de Valencia, los 17 acusados –16 activistas y un fotoperiodista- han declarado que no fueron convocados por Greenpeace, que el acto fue convocado por SMS, pero nunca se supo quién había detrás. Además, han añadido que al llegar a la central nadie les dio instrucciones sobre cómo proceder y que no había nadie que organizara el acto.
Además, los acusados niegan haber causado daños, añadiendo que su única intención era mostrar su rechazo hacia este modelo energético y apoyar el cierre de la central, desfavoreciendo la ampliación del plazo de explotación.
Los activistas que han declarado durante el día de hoy, han señalado que al establecimiento accedieron muchas más personas, a parte de las acusadas. Dicen que llegaron a ser hasta 40, 50 o 60 personas y que no tuvieron muchas dificultades para entrar.
Esta versión choca con la de la Fiscalía, que sostiene que se produjeron forcejeos con los vigilantes de seguridad del centro, y que a uno de ellos se le golpeó en la cabeza. Además, añade que uno de los acusados, al girarse con una radial, cortó en la zona abdominal a un agente de seguridad. Sostiene también que los guardias civiles que acudieron, les instaron en repetidas ocasiones a abandonar la zona.
Mario Rodríguez, presidente de Greenpeace España, dice que se pretende la “criminalización de la protesta pacífica” y que las penas que se solicitan son “excesivas y desproporcionadas”. La asociación ecologista mantiene que es “el juicio más duro” al que se han enfrentado.
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