Anuncian acciones legales por la fumigación aérea de 1.421 hectáreas de pinares con un producto “altamente tóxico”. Ecologistas en Acción denuncia que la Dirección General del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid inicio ayer y sin previo aviso la fumigación de 1.421 hectáreas en los municipios de San Martín de Valdeiglesias, Navas del Rey y Pelayos de la Presa con un insecticida “que afecta a numerosos invertebrados, organismo acuáticos y que es potencialmente cancerígeno en mamíferos”.
El producto con se están rociando los pinares para luchar contra una supuesta plaga de procesionarias es, según explica Ecologistas en su web, diflubenzurón, más conocido como dimilín y denuncia que se está utilizando a pesar de las “más de dos mil firmas en contra, la oposición del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, propietario del noventa por ciento de los pinares sobre los que se actúa, así como de científicos y organizaciones ecologistas”.
La ONG asegura que “la Dirección General de Medio Ambiente asegura que en los pinares del suroeste existe una plaga de oruga procesionaria (insecto que se alimenta de las acículas de los pinos), pero hasta la fecha ha sido incapaz de demostrarlo” y alerta que “las avionetas que están sobrevolando los pinares podrían rociar a cualquier usuario del monte y al ganado que esté pastando”, ya que nadie sabía que ayer se iniciarían los trabajos”, para después recordar que “las aplicaciones aéreas con insecticidas están prohibidas desde 2013, sólo se autorizan en casos excepcionales que no se han demostrado, en este caso.”
Alertan desde este colectivo que el producto que se va a utilizar “es el diflubenzuron, un insecticida no selectivo que afecta a numerosos invertebrados (insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos), no sólo a la procesionaria. Además estudios científicos han puesto de manifiesto que el diflubenzuron es altamente tóxico para los organismos acuáticos (crustáceos, moluscos y peces) aparte de ser causante de cánceres, especialmente en bazo e hígado y disruptor endocrino (alterador hormonal), en mamíferos.”
Al pulverizar, desde el aire el diflubenzuron sobre los pinares, se pretende acabar con la procesionaria. El problema es que este insecticida no se limitará a matar a la oruga, también afectará a un amplio abanico de invertebrados e indirectamente a la fauna insectívora (aves, anfibios, reptiles, pequeños mamíferos, etc), posiblemente a los hongos y al resto de la cadena trófica. Todo ello, en el espacio protegido Red Natura Zona de Especial Conservación de las Cuencas y Encinares de los Ríos Alberche y Cofio, donde la aplicación aérea de insecticidas químicos no esta permitida.
Piden que se paralice la fumigación
Ecologistas en Acción recuerda Hace una semana el alcalde de San Martín de Valdeiglesias pidió que se paralizase la actuación por carecer de la información necesaria que acreditase que el diflubenzurón no afectaría a la población y al medio ambiente e informa que se han enviado hasta 2.319 firmas, pidiendo al Subdirector General de Conservación del Medio Natural, responsable directo de la fumigación, que paralizase.
Señalan que “a inquietud ha llegado hasta la comunidad científica” y aseguran que investigadores de diversas universidades y de centros, como el Director de Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan J. Oñate Rubalcaba, el catedrático de Zoología de la misma universidad, José Luis Viejo Montesinos, Jorge M. Lobo del Departamento de Biogeografía y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales, la Asociación Herpetológica Española que agrupa a científicos de diversas universidades y centros de investigación, han tratado de convencer a la administración de que recondujera la lucha química contra la procesionaria, hacia tratamientos biológicos no agresivos con el entorno natural y las personas”.
Por ello, y en vista de que “todas las solicitudes han sido ignoradas” las organizaciones ARBA, Asociación ecologistas del Jarama «El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y la organización local Sierra Oeste Desarrollo S.O.Stenible, anuncian que iniciaran actuaciones legales contra lo que consideran una actuación altamente agresiva contra el medio ambiente y las personas, carente de justificación e ilegal.
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