La Comunidad de Madrid ha publicado el contrato de obras con la catalana Copcisa, a la que se encarga intervenir en las plantas ocupadas por los posibles contagiados. En plena crisis por la irrupción del ébola en España, la Comunidad de Madrid ha oficializado su plan para desmantelar el Hospital Carlos III. El Boletín Oficial (BOCM) de la región que preside el popular Ignacio González ha publicado este jueves la formalización del contrato de obras para convertir el centro en un apéndice de La Paz.
La publicación del contrato no habría podido ser más inoportuna, según fuentes del centro hospitalario. Su inclusión en el BOCM llega justo cuando se ha decretado el desalojo de pacientes de dos plantas más para poder dar cabida a todos los posibles contagiados de ébola. En lugar de esta práctica, lo que recoge el acuerdo de obras es la reforma de los pisos tercero al sexto para convertirlos en lugares acondicionados para pacientes de media y larga estancia.
Se da la circunstancia de que en la última planta de aquellas a las que afecta la remodelación planteada por el equipo de González se encuentra actualmente Teresa Romero, contagiada por el peligroso virus mientras atendía al misionero Manuel García Viejo. Allí se encuentra aislada y en tratamiento cerca de otras dos personas que posiblemente podrían haber entrado en contacto también con material biológico contaminado por el ébola. Una planta más abajo, en la quinta, se encuentra el marido de la profesional junto a otros pacientes de riesgo.
Este nuevo paso al frente para el desmantelamiento del Carlos III de Madrid como centro de referencia para enfermedades tropicales y contagiosas llega cuando buena parte de la comunidad médica madrileña pide la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Rodríguez. De hecho, fue uno de los puntos que más críticas le valieron a su antecesor, Javier Fernández-Lasquetty, pues fue él quien orquestó la reconversión del centro hospitalario a una mera apéndice del Universitario de La Paz.
Por su parte, el presidente madrileño había responsabilizado del desmantelamiento del Carlos III a la falta de atenciones del Gobierno central. Ante la falta de mediación de Ana Mato, a la que también se ha señalado desde el Ejecutivo regional como responsable última de la gestión de esta crisis sanitaria, sale a la luz el contrato de reforma por 1,27 millones de euros con la empresa catalana Copcisa SA.
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