La Comunidad de Madrid cuenta con el visto bueno del juzgado y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A pesar de la negativa de los dueños, de la denuncia pública del marido de la auxiliar de enfermería y de las firmas recogidas en Change.org para evitar el sacrificio del perro, la Comunidad de Madrid encuentra totalmente necesario acabar con la vida de Excalibur para “eliminar el riesgo existente de transmisión de la enfermedad”.
El Gobierno regional ha tomado la decisión después de consultarlo con Ministerio de Agricultura y con el Director del Laboratorio de referencia de la Organización Mundial de Sanidad Animal.
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid ha ratificado la decisión del Ejecutivo regional y el perro tendrá que ser sacrificado y trasladado para su posterior incineración, al considerarse “la única manera de eliminar el riesgo existente de transmisión de la enfermedad por la citada vía, es proceder a la eutanasia del animal que ha estado en contacto con el virus”.
