CSI-F advierte que los Juzgados de lo Social no son los únicos con dificultades. También hay problemas en los de lo Mercantil, en los de Violencia de Género de la periferia y en los de lo Penal. Los Juzgados de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no son los únicos con problemas en la región. A la denuncia que lanzó el pasado lunes el presidente de esta institución, Francisco Javier Vieira, que achacó el colapso a la crisis empresarial y al aumento de los despidos, se une ahora la de los sindicatos, que afirman que estos juzgados no son los únicos que tienen dificultades. Según CSI-F, también están en aprietos los de lo Mercantil, los de Violencia de Género de la periferia, y los de lo Penal, entre otros.
El sindicato de funcionarios afirma en un comunicado que “la situación de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid es, en general, muy preocupante”, e incluso alerta de que “muchos órganos judiciales están al borde del colapso”.
“No solo se puede decir que las mayores dificultades se centran en los Juzgados de lo Social, sino que también se están atravesando dificultades en otras jurisdicciones y en Juzgados como los Mercantiles, Juzgados mixtos de Violencia sobre la mujer de la periferia de Madrid, Juzgados de lo Penal y Ejecutorias, etc…”, ha dicho el presidente de CSI-F Justicia Madrid, Juan José Carral.
Aunque no sólo eso, sino que CSI-F denuncia también que la “excesiva carga de trabajo” no está ocasionada solo por la crisis económica, sino que “se ha agravado en los últimos meses como consecuencia de la política de recortes” del Gobierno de Ignacio González y por la “falta de dotación de los recursos humanos suficientes”. En este sentido, dice que “no debemos olvidar que la Administración Autonómica no ha cubierto unos 550 puestos de trabajo vacantes desde enero de 2013”, indica la organización en la nota.
Para el sindicato, llama especialmente la atención el hecho de que “en el cuadro de indicadores de la Justicia en la Unión Europea 2014 elaborado por la Comisión Europea” quede de manifiesto que “la Administración de Justicia de nuestro país es de las más económicas”, por lo que considera que “no están justificados los recortes en materia de personal”.
Asimismo, CSI-F pone el acento sobre la “falta de inversión en medios materiales adecuados” y sobre “las malas condiciones de las sedes judiciales de nuestra región, que perjudican mucho el desempeño de la labor del personal de la Administración de Justicia” y dan mala imagen al ciudadano cuando acude a los órganos judiciales”.
Es por ello que esta organización exige a Ignacio González que empiece a reconocer la labor del personal que trabaja en los organismos judiciales y que mejore “la dotación de medios personales, materiales y las infraestructuras, además de devolverles los derechos laborales perdidos en los últimos años”.
Tomar medidas inmediatas
Por su parte, desde UGT han asegurado que si Ignacio González no toma “medidas inmediatas” la situación de colapso “está garantizada”. En una nota, el sindicato ha afirmado que “diariamente” se constata la “gravedad” de la situación en la que se encuentra la Justicia madrileña a pesar de las medidas que se tomaron “in extremis” para paliar, por ejemplo, las dificultades de los Juzgados de lo Social -jueces de refuerzo, la instauración de juzgados de tarde y la celebración de vistas y audiencias en dicho horario excepcional-.
Para UGT estas medidas son hoy en día “totalmente insuficientes” porque a estos problemas se suma ahora la “avalancha de demandas y procedimientos abiertos derivados de la crisis económica y de una reforma laboral que incrementa en mucho la judicialización de las legítimas reclamaciones de los trabajadores afectados y, también, de propias empresas víctimas de la crisis”.
Es más, señala que la jurisdicción mercantil, más unida que nunca a la socio laboral, “afronta también uno de sus peores momentos por colapso ante la falta de medios, acumulación de asuntos y ausencia de medidas definitivas que resuelvan o ayuden a paliar los problemas ya endémicos de la jurisdicción social y de la mercantil, en su vertiente socio laboral”. Y “este cáncer se extiende a otras áreas de la administración, que dicho sea de paso están infradotadas de medios para asumir una problemática que no ha llegado sin avisar”, como es el caso del FOGASA.
Este organismo, dice el sindicato, “sufre un colapso alarmante que ha dado lugar a que empresas declaradas insolventes y/o en situación concursal, no hagan frente al pago de salarios adeudados a trabajadores y/o a las indemnizaciones legales por despido que corresponden a los mismos”.
Incapacidad para gestionar la Justicia
Por su parte, el PSM también ha valorado la memoria publicada por el TSJM en la que se ponía de manifiesto el mencionado colapso, y ha considerado que no es más que la muestra de “la incapacidad del Gobierno de Ignacio González para gestionar la Justicia en Madrid”.
Tal y como dijo ayer la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce, la memoria del TSJM pone en evidencia no solo la mala gestión del presidente regional, sino también del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha impuesto unas tasas judiciales abusivas “que dejan sin protección efectiva a los ciudadanos, lo que supone un ataque a los derechos fundamentales de los españoles”.
En palabras de la parlamentaria socialista, las nefastas políticas del PP en materia de Justicia se traducen, especialmente en Madrid, en recortes a la Justicia gratuita que “han afectado a los derechos de los madrileños, pero también a los abogados y a los procuradores del turno de oficio, que ven cómo sus honorarios se han reducido en más de un 20% y además cobran tarde y mal”.
“Nos preocupa el mal estado de las sedes, que en ocasiones parece tercermundista, con juzgados con goteras, donde se producen hasta desprendimientos. Una situación de abandono brutal, mientras se ha producido la gran estafa del Campus de la Justicia, donde los Gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González enterraron cientos de millones de euros de los bolsillos de los madrileños” dijo Valcarce, quien reiteró la exigencia de que la Cámara de Cuentas fiscalice el Campus de la Justicia, así como que Ignacio González asuma responsabilidades.
Por último, Valcarce resaltó la “incapacidad y la insolvencia del Gobierno de Ignacio González y del consejero Salvador Victoria al pretender devolver las competencias de Justicia al Gobierno central”. Según la diputada del PSM ,“si tanto el consejero como Ignacio González son incapaces deben dimitir, y si los representantes del PP no son capaces de gestionar la justicia deben irse”.
