Ana Mato aborda hoy con las comunidades autónomas el reparto de 17,4 millones de euros para luchar contra la pobreza infantil. La ministra de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, Ana Mato, preside el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, donde se reunirá con los consejeros autonómicos para abordar el Fondo Extraordinario contra la Pobreza Infantil, la Estrategia de Personas Sin Hogar, los nuevos criterios del Fondo Social de Vivienda, la reforma de la legislación de protección a la infancia y la regulación de la tarjeta de estacionamiento por discapacidad, entre otros asuntos.
En concreto, el Ejecutivo destinará 16 millones para la lucha contra la pobreza infantil, que distribuirá entre las diferentes autonomías atendiendo al indicador Arope (siglas de At Risk of Poverty or social Exclusion), que se emplea para medir la pobreza.
El resto de la cuantía económica del plan, 1,4 millones, irá destinado específicamente a familias gitanas con problemas económicos, que se dividirá entre las regiones en función de la población gitana que cada comunidad tenga.
Según se recoge en el borrador de este plan aprobado en Consejo de Ministros, que tendrá que ser ratificado este miércoles durante el Consejo Territorial, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla informarán al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de la puesta en marcha de los proyectos financiados, así como de cualquier otra incidencia o modificación que afecte a su desarrollo o ejecución. Presentarán una memoria de evaluación o, en su caso, financiera y técnica de cada proyecto en los tres meses siguientes a la finalización del ejercicio presupuestario, tal y como informa Servimedia.
Desde la Junta de Andalucía, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, criticó en declaraciones a los medios el reparto de este fondo y aseguró que los niños andaluces en riesgo de exclusión recibirán menos dinero del que percibirán en otras regiones, como La Rioja o Ceuta.
En opinión del Gobierno presidido por Susana Díaz, se debería haber tenido en cuenta a la hora de hacer el reparto del dinero la población de las diferentes regiones, aunque desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se defiende el criterio utilizado.
