Los consejeros ‘progresistas’ rechazaron abrir expediente a la formación de Cayo Lara aplicando de forma retroactiva la Ley de Financiación de Partidos de 2012. IU se ha convertido una de las formaciones a las que el Tribunal de Cuentas ha abierto un expediente por vulnerar la Ley de Financiación de Partidos. El proceso sancionador, el primero que se inicia en la historia de este organismo, se puso en marcha tras una votación en la que los siete consejeros afines al PP hicieron uso de su mayoría. Los otros cinco consejeros del Tribunal de Cuentas, los ‘progresistas’, se opusieron a poner en marcha este proceso ya que suponía aplicar la mencionada ley, aprobada en 2012, de forma retroactiva.
El Tribunal de Cuentas ha abierto expediente contra Izquierda Unida federal, contra las direcciones del partido en Andalucía y Baleares, y también contra el Partido Aragonés Regionalista (PAR), en unos casos por no presentar la memoria de cuentas anual y en otros por haber recibido donaciones supuestamente ilegales, según informa El País.
En un escrito, el organismo explica que el proceso sancionador que se ha puesto en marcha se refiere a los ejercicios 2009, 2010 y 2011. En el caso de IU federal, el expediente se debe a que el Tribunal de Cuentas le imputa la falta de presentación de sus cuentas consolidadas en los mencionados años, aunque desde la formación se defienden diciendo que con ello se está aplicando de forma retroactiva la Ley de Financiación de Partidos aprobada en 2012.
IU ha indicado que el órgano fiscalizador tiene toda la contabilidad, aunque no la consolidada porque la norma vigente hasta 2012 no obligaba a ello. Y por su parte, la dirección del partido en Andalucía, a la que se le acusa de no identificar a sus donantes de fondos, afirma que el Tribunal tiene en su poder “toda la documentación que identifica el origen de las donaciones” y que las que las operaciones que ha puesto bajo sospecha “son las que realizan voluntariamente los diputados de IU en el Parlamento andaluz”.
La decisión del Tribunal de ‘perseguir’ a la formación que lidera Cayo Lara se debe al resultado de las votaciones de los dos últimos plenos del órgano, en el que se acordó por siete votos a favor (los de los consejeros afines al PP) abrir los mencionados expedientes frente a la oposición de los cinco consejeros ‘progresistas’. Ahora, el órgano debe designar un instructor para que investigue cada uno de los casos -en el caso de IU actúa por separado porque se trata de contabilidades diferentes- y eleve al pleno una propuesta para actuar al respecto.
Se trata de la primera vez que el Tribunal de Cuentas inicia un proceso de estas características por la contabilidad ordinaria, ya que hasta ahora sólo había abierto expedientes a los partidos por las campañas electorales.
Partido Aragonés Regionalista
En el caso del PAR, el órgano fiscalizador le atribuye “donaciones no identificadas” por importe de 82.480 euros y le acusa de vulnerar el artículo 5 de la Ley de Financiación de Partidos, que establece que las formaciones no podrán aceptar o recibir directa indirectamente “donaciones anónimas, finalistas o revocables” ni otras procedentes “de una misma persona física o jurídica superiores a 100.000 euros anuales”.
Este partido ha achacado el expediente a una formalidad, y aunque ha admitido que en las campañas electorales no se identificaron las donaciones señaladas por el Tribunal, ha dejado claro que ya no hay manera de subsanarlo.
Tras informar a los partidos que han sido objeto de los mencionados procesos sancionadores, el Tribunal de Cuentas les ha dado 15 días para que aporten pruebas para defenderse.
Un proceso algo controvertido, ya que por otro lado el Tribunal de Cuentas ha decidido que las irregularidades denunciadas por la Fiscalía el pasado mes de enero, referentes a los años 2009, 2010 y 2011 y que afectaban a un total de 13 formaciones políticas (entre ellas, PP y PSOE) y 25 fundaciones, han prescrito y por tanto no cabe sanción. En su escrito, el organismo no explica por qué han prescrito unas y otras no.
Los 12 consejeros que forman este Tribunal son designados por las Cortes Generales a propuesta de los partidos. Los actuales fueron nombrados en julio de 2012, siete de ellos a propuesta del PP y cinco a propuesta del PSOE, uno de ellos consensuado con IU, que son precisamente los que se han opuesto a aplicar la norma de 2012 de forma retroactiva.
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