Los abogados alertan de que el proyecto de colegios profesionales del Gobierno es ilegal

El GAE critican que no se hayan incorporado las alegaciones que presentó en su día con el fin de que muchos colegios profesionales sean condenados a la desaparición. El Consejo General de la Abogacía Española (GAE) considera ilegal el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que podría aprobarse próximamente en Consejo de Ministros por ser una división y ruptura de la profesión contraria a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El GAE lamenta que el Gobierno no haya mantenido, a pesar de haberse solicitado reiteradamente, un diálogo sobre el texto.

Los abogados critican que, según las informaciones periodísticas que han dado a conocer el proyecto, no se hayan incorporado las alegaciones que presentó en su día con el fin de que muchos colegios profesionales sean condenados a la desaparición.

Así, la Abogacía censura que la colegiación se limite sólo a los abogados que actúen ante tribunales y para los que presten asistencia jurídica y no mantengan relación laboral con el asesorado.

El CGAE considera que la colegiación debe ser obligatoria para prestar cualquier servicio propio de la profesión, con independencia de la naturaleza jurídica de la relación del abogado con su cliente.

Advierte que no incorporación al Colegio «implicaría una absoluta falta de control deontológico y disciplinario, cercenando derechos del cliente y desprotegiéndole ante posibles errores o mala praxis. La garantía de responsabilidad, eficacia y calidad en el servicio del interés público sólo puede obtenerse mediante la colegiación obligatoria que ofrece sujeción a códigos profesionales de actuación de reconocida efectividad e imposible sustitución».

Ámbito territorial

Además, la Abogacía defiende que la incorporación a los Colegios debe llevarse a cabo en el lugar en el que se ubique el domicilio profesional, único o principal, del interesado, con libertad de actuación en todo el territorio nacional, en lugar de que pueda hacerse en cualquier colegio del territorio nacional.

Recuerda que los colegios son entes de base territorial, constituidos por los profesionales de un determinado territorio, quedando sometidos al conjunto de poderes que a los Colegios atribuye el ordenamiento. «De la misma manera, los profesionales colegiados tienen el derecho y el deber de participar en la vida colegial, incluidos los procesos electorales colegiales», afirman, para añadir que «la libre elección por los abogados del Colegio al que incorporarse supondría una desvinculación real del colegiado con respecto al colegio».

Mediante un comunicado emitido este martes, la CGAE advierte que también hay que tener muy en cuenta la prestación del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, ya que los abogados ejercen una función pública por expresa decisión del legislador. Éste es un servicio de índole eminentemente territorial, en el que la cercanía al interesado o la inmediatez en la asistencia son primordiales.

Dicen también que continúa existiendo en el texto una inadecuada injerencia de la Administración Pública en el funcionamiento de los Colegios profesionales, lo que podría impedir el ejercicio de sus funciones públicas con la independencia y autonomía ahora existentes.

Finalmente, reprochan que el Anteproyecto no es respetuoso en todos sus términos con la actual distribución territorial del poder entre el Estado y las comunidades autónomas, y puede ser un lastre para la futura aplicación práctica de la norma.

«Por razones de seguridad jurídica, la Abogacía propone que el texto sea plenamente respetuoso con el orden constitucional de distribución de competencias, para evitar así la eventual declaración de inconstitucionalidad de algunos de sus artículos», concluyen

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