Un total de 176 entidades piden por carta a Sáenz de Santamaría la retirada del texto de Gallardón porque no respeta los Derechos Humanos. Un total de 176 organizaciones han suscrito una carta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que solicitan la retirada de la reforma de la legislación de aborto porque “no respeta las obligaciones que el Estado tiene contraídas en materia de Derechos Humanos”.
Las entidades, entre las que se encuentran asociaciones de mujeres como Themis o de juristas, como Jueces por la Democracia, dicen que la aprobación de la Ley Orgánica de Protección del Concebido “provocaría múltiples vulneraciones del derecho a la salud, a la vida y a la información de las mujeres y niñas, afectando de manera desproporcionada a las mujeres en situación de vulnerabilidad”.
“Diversos mecanismos de Naciones Unidas y el Consejo de Europa han recordado que las leyes restrictivas de acceso al aborto no consiguen reducir el número de abortos, sino que al contrario, incrementan el número de abortos ilegales e inseguros y contribuyen al aumento de la mortalidad materna”, explican las organizaciones.
Las mismas, inciden en que “las últimas recomendaciones provenientes de Naciones Unidas, específicamente del Comité de derechos económicos, sociales y culturales instan al Gobierno español a garantizar la plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2010, actualmente en vigor”. “Además, el anteproyecto limitaría el derecho de las mujeres y niñas a tomar decisiones libres e informadas por sí mismas, cuestionando su capacidad en la adopción de este tipo de decisiones, y restringiendo su autonomía”, aseguran.
La misiva recoge asimismo que el anteproyecto de ley introduce disposiciones penales que tendrían un impacto negativo en el trabajo de los profesionales de la salud, “creando un clima de miedo que podría llevar al personal médico a rechazar casos y no poder informar adecuadamente a las mujeres”.
“Este anteproyecto de ley pone bajo cuestión el juicio médico de los profesionales de la salud y limita su capacidad de proveer información, consejo y servicios médicos a sus pacientes”, concluyen los firmantes.
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