El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda plantea que quien cometa delito fiscal y supere el importe de 600.000 euros vaya a la cárcel. El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Julio Ransés Pérez Boga, afirmó en RNE sobre la reforma fiscal que el ministro Cristóbal Montoro ha ido anticipando algunos aspectos y que aprobará el próximo viernes el Consejo de Ministro que es “poco audaz”, ya que se van a “retocar” las figuras impositivas de IRPF e impuesto de Sociedades y se van a hacer un retoque sobre la ley general tributaria.
Piensa el representante de los inspectores que la reforma “se va a quedar en poco” y que por eso ellos han presentado 238 medidas escrutando sectores de fraude, ya que “en definitiva se trataba de luchar contra el fraude fiscal de manera más eficaz» y hace notar que con una buena reforma y en profundidad «podríamos evitar nuevas subidas y nos permitiría probablemente bajarlos”.
Ransés Pérez explica que “no hemos pedido legalización de la prostitución ni de las drogas blandas, hemos propuesto un debate sobre estos sectores ya que “sustraen muchos recursos a la hacienda pública”, y aclara que es legal la prostitución y no el proxenetismo y lo mismo sucede con las drogas blandas ya que no está penalizado su consumo: “Son sectores que están entre Pinto y Valdemoro, están medio legalizados”. “Es una invitación al debate”, aclaró y señaló que “probablemente se queden cortas las estimaciones que se hacen de lo que estos sectores aportan al PIB.
«Pedimos que por delito fiscal se vaya a la cárcel y contemplamos la posibilidad de elevar a 600.000 euros que se tipifique como delito fiscal e ingresen inmediatamente en prisión y que la devolución del dinero sea un atenuante para rebajar», añade.
El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado afirma que estamos en la media europea de fraude fiscal, pero si nos comparamos con los países de nuestra categoría, es “aterrador”, y señala que hay que mejorar la concienciación fiscal, ya que provoca indignación el hecho de que “lo que no pagan los defraudadores, lo terminan pagando los honrados”.
