El seguimiento a la jornada de paro de 24 horas de este jueves, convocada por CSIF, STAJ, CCOO y UGT para exigir una subida salarial “en línea con las funciones que realizan a diario”, fue un “rotundo éxito”. Tuvo un seguimiento del 90% por parte de los 45.000 funcionarios del Ministerio de Justicia. Esto provocó que el 95% de los juicios previstos para el día de ayer quedaron suspendidos (“la mayoría en los ámbitos de lo Civil, lo Mercantil y lo Social”, destacan desde CSIF). Únicamente se celebraron aquellos relacionados con derechos fundamentales.
La huelga de este colectivo deja decenas de miles de juicios afectados y la paralización de más de un millón de actuaciones judiciales, incluyendo la tramitación de multas, sanciones, infracciones o acuerdos, “por lo que el paro también ha tenido un impacto económico de varios millones de euros”. Y la situación irá a peor.
Los sindicatos advierten de que las movilizaciones se endurecerán “si el Gobierno no les ofrece una propuesta económica”. De hecho, ya hay convocados nuevos paros de 24 horas los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo, e incluso no se descarta la convocatoria de una huelga indefinida. “Lamentamos los perjuicios que está provocando esta huelga a los ciudadanos (ya se han paralizado más de 5 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios) pero la ministra Pilar Llop es la única responsable del colapso que se va a provocar en la Justicia”, afirman desde CSIF.
Estos funcionarios piden una mejora salarial “acorde con las funciones que realizan a diario”. En concreto, una subida de entre 350 y 430 euros. Un incremento, explican los sindicatos, que se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, “una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen”.
“Ya hemos tenido suficiente paciencia con ministra Llop y con el Gobierno. Si no mueven ficha, la Justicia colapsará y ellos serán los únicos responsables. Además, con su negativa a negociar y atender las justas demandas de los trabajadores y trabajadoras de la Justicia, el Gobierno demuestra su nulo interés en el servicio público que reciben los ciudadanos”, destaca Javier Jordán, responsable de Justicia de CSIF.
En este sentido, Jordán ha avisado que “la ministra no puede amparar que haya trabajadores de primera y de segunda” en materia de retribuciones, y que “si hay dinero para mejoras salariales tiene que ser para todos”.
