Los diez líos judiciales que embarran la gestión de Cifuentes en apenas un mes

Madrid

Los diez líos judiciales que embarran la gestión de Cifuentes en apenas un mes

En las últimas semanas, el Gobierno regional ha recibido multitud de sentencias y querellas: desde imputaciones por prevaricación hasta un revés por saltarse la Constitución.

Cristina Cifuentes

Los conflictos judiciales se han convertido en un compañero más de despacho de Cristina Cifuentes. En poco más de un mes, la Comunidad de Madrid se ha visto envuelta en una decena de querellas y sentencias por los últimos movimientos que está haciendo el Gobierno regional. Todo mientras una sombra sobrevuela la Puerta del Sol: la acusación que realizó Francisco Granados contra la actual presidenta madrileña.

A pesar de que el lío judicial entre Granados y Cifuentes se avecina intenso, el Ejecutivo autonómico ya ha tenido que sufrir el revés de varios toques de los tribunales, al tiempo que las denuncias y recursos se van acumulando en la Justicia. Estos son algunos de los frentes abiertos (o ya cerrados) que ha acumulado la Comunidad de Madrid en los últimos días:

1.- El ‘caso ambulancias’. Este lunes 12 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha decidido imputar por presunta prevaricación administrativa al viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina; al director general de Coordinación de Asistencia Sanitaria, César Pascual; al secretario general técnico, Luis Fernández Abad; y a Santiago Cortés, director de Gestión del SUMMA. Unas imputaciones que llegan después de que la empresa Ambulancias Alerta denunciase a estos altos cargos de la Consejería de Sanidad por presionarles para que renunciasen a un contrato público adjudicado.

Las grabaciones que consiguió la compañía han sido la prueba necesaria para sentar en el banquillo a la cúpula del departamento del Gobierno de Cifuentes. Ambulancias Alerta acabó renunciado a la gestión del transporte para urgencias hospitalarias y a un contrato de 72 millones.

2.- El decreto de Religión. También este 12 de marzo puede provocar otro nubarrón judicial. CCOO ha anunciado que llevará a los tribunales el decreto que obliga a los institutos madrileños ofertar Religión entre las optativas de 2º de Bachillerato. Una polémica decisión que tomó recientemente la Comunidad de Madrid y que para el sindicato es “ilegal y retrógrada”. En concreto, la organización sindical denuncia que no se llevó al Consejo Escolar, lo que priva a la comunidad educativa “su papel, así como sus funciones a sus representantes legítimos”.

3.- La Ley Telemadrid. Continuando con un ‘lunes negro’ de noticias judiciales, aunque no se reprocha directamente una gestión de la Comunidad de Madrid, el Tribunal Constitucional ha anulado el acuerdo de la Asamblea de Madrid que impidió a UGT proponer candidatos al consejo de Telemadrid. La Sala primera del Constitucional ha tachado de “inaceptable” que el Ente Público no permitiera al sindicato proponer candidatos, por lo que ha ordenado “retrotraer” las actuaciones, así como explicar la exclusión.

4.- Los contratos basura en la sanidad madrileña. El elefante siempre ha estado en la habitación. La acumulación de contratos temporales en la sanidad pública ha sido denunciada en numerosas ocasiones. De hecho, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tiene experiencia en este escenario. Y el pasado viernes se ha conocido que el Juzgado de lo Contencioso número 8 de Madrid ha trasladado esta cuestión a Europa.

La Justicia madrileña ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en relación con “los reiterados incumplimientos” del SERMAS por cubrir con contratos temporales sucesivos la actividad ordinaria en hospitales y centros médicos. De esta manera, Europa tendrá que pronunciarse ante la negativa de la Consejería de Sanidad de aplicar la Directiva europea 1999/70/CE, que prohíbe los contratos temporales sucesivos para cubrir puestos de actividad ordinaria.

5.- El escándalo del amianto. Los distintos organismos comienzan a moverse tras estallar el escándalo del amianto en el Metro de Madrid. Después de que se conociera que hay varios trabajadores públicos afectados por la exposición a este material cancerígeno, la Inspección de Trabajo de Madrid decidió sancionar a la empresa de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la situación ya ha llegado a la Fiscalía que ha incoado diligencias de investigación penal por si lo sucedido alrededor de estos casos fuesen constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y determinar la persona o personas responsables de los mismos.

6.- La masificación de las aulas. Continuando con el recorrido temporal del último mes, eldiario.es informó el pasado 3 de marzo que el Gobierno de Cifuentes tendrá que explicar ante los tribunales varias denuncias de masificación de alumnos en las aulas madrileñas. Tras un recurso de CCOO, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a la Comunidad de Madrid a dar explicaciones tras las quejas del sindicato, al entender, que el número de estudiantes por aula afecta a la “calidad”, a la “atención” y a las circunstancias del profesorado.

7.- El presunto amaño de un contrato. Apenas tres días atrás, cuando marzo hacía acto de presencia, otro sindicato volvía a reprobar la gestión del Ejecutivo autonómico. El Sindicato Libre de Seguridad (SLS) ha presentado dos denuncias contra el nuevo contrato de seguridad de los organismos judiciales de la región. Según han señalado, el concurso de 17 millones de euros “ha sido amañado”, a favor de la empresa ganadora, Alerta y Control. La organización sindical afirma que la Comunidad de Madrid ‘ha regalado’ cuatro puntos extras a la compañía para que siguiera adelante en la adjudicación.

8.- Las famosas actas del Canal de Isabel II. No obstante, el mayor lío judicial que se ha protagonizado en la actualidad madrileña ha girado en torno a las actas del Canal de Isabel II. La oposición las reclamó, la Comunidad de Madrid lo ignoró y los tribunales se han pronunciado en numerosas ocasiones. Y la última ocasión fue el 20 de febrero cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio un plazo de diez días al Gobierno de Cifuentes para que explicase por qué no entregó la documentación, referida al caso Lezo, y que la oposición había solicitado reiteradamente en la comisión de investigación sobre corrupción política.

9.- Dancausa contra Cifuentes. El penúltimo choque judicial que entra en escena en la Comunidad de Madrid viene desde el propio PP. La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado 29 de enero –aunque se dio a conocer el 16 de febrero por El Mundo– el pacto alcanzado el verano pasado entre Cifuentes y los sindicatos judiciales para la mejora salarial del sector. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha alegado que se estaría incumpliendo “la Ley de Presupuestos Generales del Estado”.

10.- Los pactos de gestión inconstitucionales. Y el décimo enfrentamiento judicial que ha protagonizado la Comunidad de Madrid en poco más de un mes fue de gran importancia. El Tribunal Supremo falló el pasado 8 de febrero a favor de una denuncia de CCOO. El Alto Tribunal determinó que los pactos de gestión –más conocidos como peonadas- que ofertaba la sanidad pública madrileña eran inconstitucionales al no haberse negociado con los sindicatos. La medida estrella de la Consejería de Sanidad para reducir las listas de espera quirúrgicas se transformaba así en el gran revés de la gestión sanitaria de Cifuentes en esta legislatura.

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