El Gobierno no incluyó la prórroga anual del impuesto sobre el patrimonio en su último Boletín Oficial del Estado de 2017. Este tributo fue suprimido en 2008 pero en 2011 se recuperó temporalmente, de forma que se ha ido renovando año a año desde entonces.
A fecha de 1 de enero el impuesto que se creó en 1977 ha generado fuerte polémica en algunas regiones, aunque no tanto como el de sucesiones, no existe sobre el papel. Es un tributo recaudado por las comunidades autónomas y fijado en su régimen general para los contribuyentes con una riqueza neta superior a 700.000 euros. Pero las regiones tienen la capacidad de modificarlo, por lo que su aplicación es muy dispar: en comunidades como Madrid está bonificado casi en su totalidad y otras regiones han disminuido el umbral que libra a los contribuyentes de pagarlo.
Como el 2018 no cuenta con Presupuestos Generales del Estado ni tampoco se ha introducido el decreto tradicional de diciembre, la realidad es que en la práctica las comunidades autónomas deberían dejar de recaudarlo a partir de 2019 (se calcula en base a los bienes del año previo de los contribuyentes).
No obstante, según explica La Vanguardia desde fuentes del Ministerio de Hacienda, la idea del Ejecutivo de Mariano no es eliminar el impuesto sino prorrogar la decisión hasta que se acuerden los nuevos Presupuestos Generales , que dependen en buena medida del avance de las negociaciones del PP con el PNV.
Según los últimos datos disponibles, las regiones recaudaron en 2016 más de 1.200 millones de euros por este concepto.
