La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Moncloa.
Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz del Ejecutivo durante la rueda de prensa posterior a la reunión de este martes, después de que el Relator especial de la ONU para la Extrema Pobreza haya dicho que «lo verdaderamente irresponsable es dejar a niños sin electricidad durante el invierno».
«En respuesta a las preocupaciones de la ONU sobre la Cañada Real, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno Español, Ernesto Gasco, ha dicho que el Gobierno nacional no es responsable. Lo que es verdaderamente irresponsable es dejar a niños sin electricidad en medio del invierno», ha contestado el Relator Especial de la ONU para la Extrema Pobreza, Olivier De Schutter, en un mensaje publicado este martes en Twitter. Precisamente, este martes se acababa el plazo para que España diese respuesta a los requerimientos de la ONU sobre este asunto.
«Entiendo que puede costar trabajo dentro de la lectura que se haga internacionalmente o de las lecturas que los propios medios de comunicación hacéis a veces de por qué no interviene el Gobierno de España ante la inacción de la Comunidad Autónoma o del Ayuntamiento»
«Quiero que seamos todos muy conscientes de la vertebración y la arquitectura competencial que tenemos las administraciones», ha indicado Montero, para después añadir que «el combate contra la pobreza, la atención a las situaciones de necesidad tienen diferentes intensidades dependiendo de las administraciones».
De esta forma, la portavoz del Gobierno ha insistido en que «le corresponde, en primer lugar, a los gobiernos locales, a las corporaciones locales que tienen que intentar dar una respuesta de urgencia a estas situaciones que se plantean».
En segundo lugar, Montero ha señalado la responsabilidad de la comunidad autónoma que «tiene que hacer planes de integración, políticas de estímulo, políticas de inserción, que permitan que esas familias abandonen una situación en la que están, impidiendo el normal desarrollo de la vida de los menores o de la vida de estas personas o están en asentamientos, que no cuentan con las condiciones básicas para el suministro de servicios esenciales o para una condición de vida higiénico sanitaria esencial».
Desde su punto de vista, el Gobierno de España «tiene que propiciar políticas públicas de protección como el Ingreso Mínimo Vital que permitan contribuir». «Pero no podemos nunca sustituir el trabajo de otra administración», ha recalcado.
«Entiendo que puede costar trabajo dentro de la lectura que se haga internacionalmente o de las lecturas que los propios medios de comunicación hacéis a veces de por qué no interviene el Gobierno de España ante la inacción de la Comunidad Autónoma o del Ayuntamiento», ha declarado.
En este punto, Montero ha añadido que «el respeto a las reglas del juego constitucionales pasa por el reproche aquellas administraciones que no lo hacen, pero en ningún caso usurpación de funciones que tienen encomendadas en exclusividad aquellas administraciones que tienen que velar por esa igualdad o por la protección de los menores o de los derechos sociales que puedan estar en algunos entornos» como el de la Cañada Real.
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