La ministra de Igualdad, Irene Montero
Montero ha insistido en que el problema de las revisiones de sentencias derivada de la entrada de la ley no es el articulado de la misma sino la interpretación que hacen los magistrados, por lo que ha reivindicado el texto original y ha apuntado que ningún órgano judicial podría prever lo que ha ocurrido.
“Nadie pudo pensar que si se modificaban las penas mínimas podía conllevar reducción de penas”, ha reclamado Montero en una entrevista en la Ser, recogida por Europa Press, apoyándose además en la jurisprudencia con un texto de la Fiscalía que ha resumido en que “si la pena que se ha impuesto entra dentro de la nueva horquilla de penas, no es revisable”, ha matizado.
Preguntada por qué no se introdujo una disposición transitoria en el texto, la titular de Igualdad ha incidido en que estaba “convencida” de que la jurisprudencia era “tan clara” que no se vio necesario, aunque ha reconocido que está “muy preocupada” por que pueda haber una aplicación defectuosa de la ley que conlleve que haya víctimas revictimizadas.
A su juicio, la rebaja de penas que se están dando en algunos casos corresponde a “errores en la aplicación de la ley” por lo que considera que es necesario “formar a los operadores jurídicos” en perspectiva de género.
Asimismo, ha aludido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha defendido la ley apelando a la sensibilidad de los tribunales y ha abogado por esperar a que estos unifiquen doctrina. Así, ha descartado tocar la ley y ha insistido en que si creyese que hay un error “sería la primera en reconocerlo”.
Dicho esto, Montero ha hecho hincapié en la urgencia de que los órganos judiciales unifiquen criterios antes de tomar cualquier decisión sobre la ley del ‘Solo sí es sí’.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha exigido la inmediata dimisión de la ministra de Igualdad tras las “descalificaciones” vertidas contra los jueces a raíz de la revisión de determinadas condenas por esta ley. En este contexto, la asociación admite la crítica a las resoluciones judiciales pero recomienda que, si tales críticas provienen de otro poder del Estado, se produzcan con la “ponderación y prudencia2 que demandan las normas de respeto institucional.
Así, consideran “ofensiva” la acusación por parte de la ministra y de otros responsables políticos de verter un prejuicio generalizado en el Poder Judicial contra las mujeres y alertan de que carece de rigor y produce una alarma “innecesaria y devastadora” en la confianza de las víctimas de esos delitos devaluando así los estándares de calidad democrática.
En el comunicado consultado por Europa Press, los jueces han aseverado que están “firmemente” comprometidos con la protección de las víctimas y que comporta el diligente cumplimiento de las obligaciones que resultan de aplicar la ley aprobada.
La Asociación censura que se haya acudido a “descalificaciones generalizadas” basadas en estereotipos “en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que puedan resolverse” y considera que resulta una actuación “totalmente reprobable por falsa e injusta”.
Por todo ello, la APM exige a raíz de las declaraciones efectuadas por la ministra su inmediata dimisión ya que se suman a sus “ataques constantes” a los jueces del país que resultan “intolerables e inadmisibles en una democracia”.
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