La ministra de Igualdad, Irene Montero
“Creo que si Juana Rivas ingresa en prisión definitivamente no solamente va ser escándalo para las mujeres, para el movimiento feminista sino una muy mala noticia para la democracia porque estaremos mandando un mensaje a muchas mujeres de que proteger a sus hijos y a sí mismas puede salirles muy caro”, ha detallado Montero en declaraciones a los medios antes de participar en uno de los cursos de Verano de la Complutense, en El Escorial, sobre ‘Valores democráticos, igualdad y universidad’.
Así se ha pronunciado después de que la pasada semana se supiera que Rivas tendrá que ingresar de nuevo en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada, después de que el Juzgado estimara parcialmente el recurso de la Fiscalía contra la concesión del tercer grado que desde el pasado 15 de junio le ha permitido cumplir condena en su domicilio con control telemático.
Para la ministra, es importante que todas las instituciones hagan una “reflexión” sobre la importancia de demostrar que actúan “para proteger los derechos de todas las mujeres”, recoge Europa Press.
Por parte de su ministerio, Montero ha querido trasladar a todas las mujeres de España que “no están solas” y, especialmente, se ha dirigido a Juana Rivas y a Irune Costumero, madre de una niña a la que la Diputación vizcaína retiró la custodia al considerar que “la manipulaba contra el padre”. Costumero alegó que se le había aplicado el ‘síndrome de alteración parental’ (SAP), que ahora está prohibido por Ley.
“Que sepa Juana, que sepa Irune Costumero que no están solas, que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que las leyes y las políticas públicas aseguran que los derechos de las mujeres no son vulnerados”, ha subrayado.
Por otro lado, sobre la información publicada por ‘El País’ acerca de la posibilidad de que el Tribunal Constitucional reactive la deliberación sobre la ley del aborto, Montero ha dicho que es una “amenaza gravísima de retroceso en un derecho básico como es la interrupción del embarazo”.
“Creo que en otras épocas, en el pasado, algunos órganos constitucionales, algunos poderes se han podido permitir jugar un papel reaccionario y cuestionar los avances legislativos en los derechos de las mujeres. Ha pasado con el derecho al aborto, el divorcio y el matrimonio igualitario”, ha señalado.
Si bien, ha puntualizado que en el año 2021, todos los poderes del Estado, todos los órganos constitucionales deben “tener muy claro que la ley responde a la voluntad popular” y que su función “nunca puede ser destruir derechos” sino “garantizar los derechos de todas las personas, particularmente los de las mujeres que llevan viendo durante siglos sus derechos pisoteados y vulnerados”.
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