Jóvenes estudian para un examen / Foto: Servimedia
Así lo remarcó el presidente del sector nacional de educación de CSIF, Mario Gutiérrez, que tachó de «lamentable» el constante cambio normativo cada vez que también llega un nuevo partido al Gobierno. Sin embargo, recordó al Ejecutivo que, aún estando en funciones, puede seguir legislando lo «básico» y que con el adelanto electoral al 23-J hay cuestiones educativas que no han salido adelane.
Gutiérrez puso el foco en tres cuestiones: en la alta interinidad, que «no sólo afecta a los interinos» y que arrancó el curso en el 30% y terminó en el 21%, pero aún está lejos del 8% al que marca Europa para empezar a sancionar a partir de diciembre de 2024; en el «malestar» docente por la implantación de la Lomloe, «con una evaluación perniciosa que no ayuda al alumnado», que es el «fin último de la legislación»; y la «inestabilidad legislativa que afecta a toda la ciudadanía».
Gutiérrez insistió en una prueba única de acceso a la selectividad para todas las comunidades autónomas, ya que cualquier preuniversitario puede elegir en qué campus español quiere estudiar. «No puede haber diferencias en exigencia y notas entre las distintas comunidades autónomas», aseveró.
Desde la central sindical también se lamentó que, con la convocatoria electoral, haya decaído el trámite de la Ley de Enseñanzas Artísticas y que tras 30 años de «proMesas» sigue sin regularse la profesión docente. También afeó al Gobierno que no haya emprendido iniciativas viables para mejorar la lectura comprensiva, que en los rankings internacionales deja a España en los últimos puestos, aseguraron desde CSIF.
Ante tal panorama, el sindicato pide a los partidos, de cara al 23-J, «un pacto de Estado por la Educación, un estatuto docente, el refuerzo de las plantillas y la mejora de las condiciones laborales del profesorado». La secretaria de Negociación y Coordinación Autonómica de CSIF, Isabel Madruga, remarcó el malestar de los docentes, pues la central sindical «inició una recogida de firmas que ha contado con el apoyo de más de 11.550 docentes de toda España exigiendo la simplificación de la evaluación y la reducción de la burocracia».
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