Dos semanas más para que los Carceller consigan el apoyo de la banca acreedora a su plan para Pescanova. El nuevo plazo para evitar la liquidación llega al 29 de abril. El plan de los Carceller para hacerse con Pescanova ya tiene prórroga. La saga de empresarios ha conseguido que el juez que instruye la quiebra de la gallega amplíe en dos semanas el plazo que inicialmente decretó para que los bancos acreedores se sumen a su propuesta de convenio.
La fecha límite estipulada en un comienzo era la de este lunes 14 de abril. La nueva alcanza al próximo 29 de abril, si bien las solicitudes de adhesión serán bienvenidas en los juzgados de Pontevedra hasta las 15:00 horas del siguiente día, 30 de abril de 2014. Así se ha reflejado en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que se explica esta inesperada providencia dictada por el letrado.
Este nuevo plazo, según consta en el documento, se ha concedido “a petición de la representación procesal de la sociedad”, cuya cura está confiada a los gestores de Deloitte. Se busca así conseguir más adhesiones a un proyecto que desde el comienzo ha cosechado el rechazo y las críticas de las entidades acreedoras, que no han visto reflejadas sus exigencias en el convenio presentado por los Carceller. Y eso que la familia propietaria del grupo Damm tuvo que modificar el primer convenio que presentó ante el juez por expresa solicitud de este último.
De no salir adelante el convenio, los acreedores podrían provocar la entrada en fase de liquidación de la sociedad, con lo que pondría punto final a uno de los capítulos más florecientes primero y turbulentos después del panorama empresarial gallego. Banco Sabadell, Banco Popular, CaixaBank, BBVA y las nacionalizadas Novagalicia y Bankia son las entidades protagonistas de un proceso que promete dilatarse más de lo que en su día aventuraron desde Deloitte
Los bancos acreedores se apresuraron a rechazar a finales del pasado marzo la hoja de ruta planteada por los Carceller. El cambio en la tasa de recuperación de la deuda junior, que pasaría del 5% al 10% y resultaría en que los bancos se quedasen con hasta un 70% del capital de la refundada Pescanova no cumple con lo que ambas partes acordaron en la ronda de negociaciones previa a la presentación del convenio.
Las condiciones de este documento rebajan la quita a imponer a acreedores al 72% de la deuda existente, mientras que la banca exigía un máximo del 60%. Mientras tanto, los Carceller siguen defendiendo que han querido “huir de planteamientos oportunistas y cortoplacistas” y que para asegurar la viabilidad a largo plazo de la compañía “no se han querido rebajar artificialmente las quitas y esperas que sabemos son necesarias, con la sola finalidad de atraer votos y de maximizar posibilidades” de que una propuesta que ahora pende de un hilo pudiera salir finalmente adelante.
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